El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una reestructuración en la política de seguridad del Estado, al establecer que todas las organizaciones armadas ilegales serán catalogadas y combatidas bajo una misma denominación: grupos terroristas. El anuncio fue realizado en Barranquilla durante un Consejo de Seguridad llevado a cabo con las autoridades del área metropolitana y los mandos regionales de la Fuerza Pública.
El mandatario enfatizó que su administración no mantendrá categorías diferenciales ni tratamientos jurídicos especiales según la estructura, rótulo o modo de operación de los grupos al margen de la ley. De la Espriella sostuvo que el narcotráfico constituye el motor primario de un ecosistema criminal interconectado (compuesto por el contrabando, la extorsión y la minería ilegal) que desemboca en el terrorismo, tanto en entornos urbanos como rurales. Bajo este enfoque, ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional emplear la fuerza legítima del Estado con la misma determinación frente a todas las estructuras.
Entre los componentes operativos priorizados destaca la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Esta unidad coordinará las capacidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura. El objetivo central del organismo radicará en desarticular a las cúpulas y financiadores de las redes extorsivas, así como neutralizar sus canales de recaudo económico fuera de las cárceles.
Para agilizar los juzgamientos y proteger la integridad judicial, el Ejecutivo contempla la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados (quienes podrían actuar de manera itinerante) para atender las principales ciudades. A su vez, el plan de seguridad dispone la reactivación e integración de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con el sector bancario y las autoridades policiales. Esta medida busca rastrear los flujos de capital ilícito generados en los últimos cuatro años e impactar directamente los activos del crimen organizado.
En materia de orden público interior, el mandatario impartió instrucciones a Migración Colombia y a la Policía Nacional para desplegar operativos inmediatos destinados a ubicar y deportar a ciudadanos extranjeros que permanezcan en situación irregular o incurran en conductas delictivas. Asimismo, ordenó la creación de comisiones conjuntas con la Superintendencia de Notariado y Registro para desmantelar las redes dedicadas al despojo y tráfico ilícito de tierras.
En el plano local, se dispuso el aumento del pie de fuerza y la reactivación de redes de cooperantes, sistemas de recompensas y redadas masivas en el área metropolitana de Barranquilla, con especial énfasis en la recuperación de espacios públicos y la lucha contra el microtráfico. El presidente concluyó que la ejecución de estas órdenes será evaluada en posteriores Consejos de Seguridad institucionales.
(Con información de El Colombiano y la Presidencia de la República de Colombia)
