La reciente muerte de los guardias civiles Jerónimo y Germán durante una persecución marítima en la costa de Huelva ha dejado al descubierto, una vez más, la profunda brecha operativa que separa a las fuerzas de seguridad de las organizaciones criminales en el sur de España. Las mafias del narcotráfico, que han desplazado parte de su actividad desde Cádiz hacia el litoral onubense debido a la presión policial, superan ampliamente en tecnología y potencia al Instituto Armado.
Mientras las redes delictivas emplean lanchas rápidas capaces de alcanzar los 120 kilómetros por hora y realizar virajes extremos para destruir las embarcaciones oficiales, las dotaciones del Servicio Marítimo se ven obligadas a operar con patrulleras pesadas y de escasa maniobrabilidad en puntos críticos como las desembocaduras de los ríos Guadalquivir y Guadiana.
A la inferioridad técnica se suma un déficit estructural de personal que mina la capacidad de respuesta en la primera línea de combate contra el crimen organizado. De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la asociación profesional Jucil, las plantillas oficiales de la Guardia Civil presentan una vacante de 686 agentes en el frente principal del narco: Cádiz registra un déficit de 387 efectivos para completar su catálogo de 3.107, mientras que en Huelva faltan 299 funcionarios.
El problema se agrava con una tasa de rotación del 40% anual en el Campo de Gibraltar, donde el acoso de las mafias a las familias de los uniformados, las jornadas de 12 horas y las constantes agresiones físicas empujan a los agentes a solicitar traslados hacia destinos con menor nivel de conflictividad.
La desprotección de los guardias civiles también obedece a trabas burocráticas y a la ausencia de protocolos de actuación actualizados que les permitan el uso de medios de fuerza disuasorios. A diferencia de lo que ocurre en países vecinos, el marco normativo actual prohíbe a los agentes disparar a los motores de las narcolanchas o emplear material antidisturbios como pelotas de goma para detener las embestidas.
La falta de herramientas legales reduce las opciones tácticas a una persecución de resistencia, obligando a los funcionarios a esperar a que las gomas de los contrabandistas sufran una avería mecánica o agoten su combustible para poder efectuar los arrestos.
En el plano institucional, el malestar dentro del cuerpo ha alcanzado cotas máximas debido a las decisiones del Ministerio del Interior, fuertemente cuestionado tras la disolución en 2022 del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur). La última memoria de la Fiscalía General del Estado avaló las críticas de los agentes al advertir que el desmantelamiento de este grupo de élite ha provocado un retroceso visible en el volumen de incautaciones y en la instrucción de macrocausas judiciales.
El distanciamiento entre el Ejecutivo y las bases del Instituto Armado quedó patentizado tras las polémicas declaraciones de representantes gubernamentales que calificaron los trágicos fallecimientos de Huelva como un mero "accidente laboral", sumado a la ausencia de ministros en las honras fúnebres de los agentes caídos.
Ante este panorama, las asociaciones profesionales exigen con urgencia medidas de protección extraordinarias y blindaje jurídico mediante la declaración formal de Zona de Especial Singularidad.
Fuentes: The Objective, Congreso Diario.
