El exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Alex Saab, se declaró culpable este martes de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y ejecución de transacciones financieras ilícitas. La decisión fue formalizada durante una audiencia presencial en la Corte del Distrito Sur de Florida ante la jueza Kathleen M. Williams, en el marco de un acuerdo pactado con la Fiscalía estadounidense tras haber sido deportado desde territorio venezolano en mayo pasado.
El empresario de origen colombiano, de 54 años, modificó la declaración de "no culpable" que había sostenido desde el pasado 24 de julio. Tras la cancelación previa del juicio con jurado que estaba programado para iniciarse en noviembre, Saab admitió ante el tribunal su participación directa en una trama para ocultar el origen de fondos, pagar sobornos a funcionarios públicos y cometer fraude a través del sistema bancario internacional. El documento del acuerdo, que consta de 12 páginas, fija la lectura de su sentencia definitiva para el próximo mes de enero.
De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ), el proceso penal se centra en la explotación sistémica y la malversación de recursos destinados al programa estatal de distribución de alimentos para sectores vulnerables en Venezuela. Las pesquisas federales evidenciaron la desviación de cuantiosas sumas provenientes de arcas públicas hacia cuentas bancarias radicadas en territorio estadounidense, estructuradas mediante una red de empresas de fachada para encubrir los activos ilícitos.
Identificado durante años por Washington como el principal operador financiero y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Saab había sido liberado a finales de 2023 por la administración de Joe Biden en un canje de prisioneros, tras su detención inicial en Cabo Verde en 2020. No obstante, su deportación a Estados Unidos se concretó meses después de los acontecimientos políticos de enero de este año en Caracas, restableciendo el enjuiciamiento que ahora podría significarle una condena de hasta dos décadas de reclusión en un centro federal.
(Con información de El Tiempo y El Nacional)
