El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este miércoles la resolución de uno de los casos más significativos de supervisión corporativa en el entorno digital moderno. La corporación multinacional china Alibaba Group Holding Limited y su procesadora de pagos en territorio estadounidense, AUS Merchant Services Inc. (conocida previamente como Alipay US), pactaron el pago conjunto de 600 millones de dólares mediante un acuerdo de no procesamiento judicial.
La multimillonaria sanción responde a las acusaciones federales de haber violado la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA) al no impedir que diversos comerciantes utilizaran sus portales para importar fármacos ilegales y maquinaria de falsificación a gran escala hacia el mercado estadounidense. La investigación penal conducida por agencias federales determinó que, entre enero de 2016 y diciembre de 2024, los controles internos de cumplimiento de Alibaba fallaron de manera severa al permitir cerca de 80.000 operaciones de comercio internacional de alto riesgo.
A través de sus filiales e-commerce Alibaba.com y AliExpress.com, vendedores de origen extranjero lograron ingresar a los Estados Unidos sustancias de las Listas I y II, compuestos farmacéuticos no aprobados y equipos de prensado industrial destinados a la manufactura de píldoras adulteradas. El valor bruto de las mercancías transadas bajo esta modalidad delictiva superó los 200 millones de dólares, un flujo que fue verificado directamente por el gobierno federal mediante la ejecución de más de 40 compras encubiertas por parte de agentes de inteligencia.
A pesar de que Alibaba poseía políticas escritas de restricción de artículos prohibidos en sus portales, las pesquisas demostraron que su propio personal corporativo manifestó alertas internas sobre las profundas carencias y la ineficacia de los sistemas de verificación. El esquema delictivo se vio potenciado por el servicio de mensajería privada interno de la plataforma e-commerce, el cual fue empleado de forma regular por los distribuidores para concretar transacciones irregulares y para desviar la comunicación de los compradores hacia aplicaciones externas con encriptación avanzada.
La Fiscalía Federal expuso que la casa matriz asiática obtuvo ganancias financieras directas a partir de estas dinámicas criminales a través del cobro recurrente de membresías de vendedor, publicidad dirigida, marketing, tasas de envío y comisiones de pasarela de pago. Por su parte, la firma procesadora AUS Merchant Services (subsidiaria de Ant International que opera el sistema global Alipay) reconoció deficiencias críticas en su programa de cumplimiento antilavado de dinero entre los años 2020 y 2023.
La entidad bancaria y de procesamiento admitió haber captado sumas millonarias denominadas en dólares mediante tarjetas de crédito y transferencias bancarias nacionales, las cuales eran liquidadas rápidamente hacia cuentas en el extranjero en favor de los proveedores cuestionados. El sistema de monitoreo automatizado de la institución financiera excluyó datos esenciales de los registros de transferencias, lo que inhabilitó la detección a tiempo de operaciones que provenían de jurisdicciones de alto riesgo o facturas únicas abonadas por múltiples pagadores.
La negligencia administrativa de la procesadora financiera llegó al extremo de derivar reportes internos de los vendedores sospechosos a Alibaba en lugar de proceder con el bloqueo preventivo de sus operaciones en la plataforma de pagos. Las agencias investigadoras, lideradas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Servicio de Inspección Postal, documentaron al menos un escenario crítico donde un distribuidor formalmente reportado por actividades ilícitas continuó despachando medicamentos prohibidos a compradores norteamericanos sin ningún tipo de veto corporativo.
Para eludir el juicio penal, Alibaba efectuará el pago de una multa penal de 125 millones de dólares acompañada de un decomiso de 200 millones, mientras que AUS abonará una sanción pecuniaria de 85 millones de dólares y un decomiso adicional de 190 millones de dólares. El dictamen judicial del caso impone a ambas organizaciones una reestructuración integral e inmediata de sus mecanismos técnicos de cumplimiento y una obligación permanente de colaboración con las fiscalías federales en procesos penales futuros.
El fiscal general adjunto de la División Civil, Brett A. Shumate, remarcó tras la publicación del pacto que las corporaciones digitales tienen la estricta responsabilidad de implementar salvaguardas reales para erradicar el ingreso de químicos foráneos peligrosos. El cierre de esta vía de distribución masiva de productos farmacéuticos sin control sanitario mitiga un riesgo sustancial para el sector salud y la estabilidad del sistema bancario norteamericano.
(Con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos y Reuters)
