El desbalance en las cuentas públicas y la voracidad fiscal que caracterizan a la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva han puesto a Brasil al borde de un récord verdaderamente alarmante: la imposición de la carga tributaria sobre el consumo más alta del planeta. Tras la implementación de la reforma fiscal promovida por el Ejecutivo socialista, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) combinado alcanzará un exorbitante 31,3%, asestando un golpe devastador al bolsillo de los ciudadanos y a la competitividad de las empresas.
De acuerdo con las estimaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la alícuota de la Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) alcanzará un 11,3%, mientras que el Impuesto sobre Bens e Serviços (IBS) ascenderá hasta el 20%.La suma de ambos tributos ubicará al gigante sudamericano por encima de Hungría (27%) y muy lejos de la media de la OCDE, consolidando la voraz presión confiscatoria impuesta por el modelo intervencionista del Planalto para financiar un aparato estatal cada vez más hipertrofiado.
La decisión de fijar tasas récord responde de forma directa a la incapacidad del Gobierno brasileño para meter en cintura el desbocado gasto público, el crecimiento continuo de la deuda y un déficit fiscal que amenaza la estabilidad macroeconómica. En lugar de aplicar un plan de austeridad responsable, la administración de Lula prefirió garantizar el sostenimiento de los ingresos del Estado penalizando el consumo popular y la producción nacional.
Intervencionismo estatal y castigo a la iniciativa privada
Especialistas en economía tributaria coinciden en que la rigidez de la estructura fiscal aprobada actúa como un desincentivo directo para la inversión extranjera y el libre mercado. Mientras las pequeñas y medianas empresas intentan recuperarse del impacto de la inflación, el marco regulatorio del Ejecutivo obligará a los contribuyentes a soportar mayores costos operativos, trasladando la factura del sobreendeudamiento estatal al ciudadano de a pie.
El fracaso en la contención del gasto gubernamental demuestra las graves inconsistencias del modelo centralista. En lugar de simplificar y aliviar la carga sobre los generadores de empleo, el sistema diseñado bajo la administración actual garantiza que el aparato estatal nunca pierda recaudación, sin importar las consecuencias catastróficas para el tejido industrial y comercial del país.
(Con información de Brasil 247)
