El presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió que "se acabó la fiesta de la corrupción" en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tras confirmarse el desmantelamiento de una red criminal dedicada al lavado de activos a través de operaciones de comercio exterior fraudulentas.
La investigación institucional, desarrollada en el municipio fronterizo de Ipiales (Nariño), sacó a la luz un entramado de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya con destino a Ecuador, maniobra ilícita que permitió justificar el ingreso irregular al país de más de 425.000 millones de pesos de procedencia cuestionada.
El operativo, fruto del cruce de documentos aduaneros con las autoridades tributarias de Ecuador, permitió identificar un total de 633 exportaciones fraudulentas. Las mercancías figuraban legalmente como despachadas al vecino país en los registros nacionales, pero carecían de cualquier constancia de ingreso en territorio ecuatoriano.
Como resultado de las diligencias judiciales coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, se materializó la captura de siete personas: cuatro funcionarios activos de la DIAN y tres representantes legales de comercializadoras internacionales, quienes serán imputados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.
Colaboración con la justicia y control en las fronteras
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los servidores públicos involucrados operaban desde la sede de la DIAN en Ipiales, donde presuntamente emitían certificaciones falsas sobre el supuesto despacho de los productos. Mediante estos soportes adulterados, capitales procedentes de jurisdicciones internacionales como Estados Unidos, España, Panamá y Perú ingresaban al sistema financiero colombiano bajo la fachada de supuestos reintegros de divisas por exportaciones reales.
Ante la gravedad de los hechos, el jefe de Estado ratificó las instrucciones impartidas a los mandos de control fiscal y a los organismos de investigación para profundizar en las pesquisas sobre los bienes y activos adquiridos por la red criminal.
"He dado la orden de fortalecer los controles y colaborar con la justicia hasta llegar al fondo de este entramado; el que utilice el Estado para favorecer a los criminales tendrá que responder ante la justicia", sentenció el mandatario.
Las autoridades competentes continúan con el análisis patrimonial de los implicados y el rastreo de los activos financieros vinculados a la red, mientras el Gobierno federal consolida una política de cero tolerancia frente a la complicidad de funcionarios infieles que traicionan los intereses de la patria y la seguridad económica de los colombianos.
(Con información de Abelardo de la Espriella vía X y Revista Semana)
