La delegación diplomática y jurídica de la República Argentina concluyó este miércoles sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, ratificando la solicitud formal de medidas provisionales de urgencia para suspender el megaproyecto petrolero británico Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. El equipo nacional fundamentó la necesidad de paralizar de forma inmediata las operaciones unilaterales autorizadas por Londres en un área marítima bajo disputa activa de soberanía.
El cierre de la presentación argentina estuvo a cargo del director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, Mario Oyarzábal, quien demostró la concurrencia de los cuatro requisitos procesales exigidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): la competencia prima facie del tribunal arbitral del Anexo VII, la plausibilidad de los derechos argentinos, el riesgo real de daño irreparable sobre recursos no renovables y la urgencia que exige la intervención cautelar antes del inicio de perforaciones previsto para 2027.
La delegación solicitó expresamente suspender la instalación de infraestructura de explotación, impedir el uso perjudicial de datos de exploración y frenar cualquier nueva concesión británica sobre la plataforma continental en disputa.
Réplica británica y defensa de los derechos sobre los recursos
Por su parte, la representación del Reino Unido, encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, intentó desestimar la competencia del tribunal alega que la demanda constituye en el fondo una controversia de soberanía territorial, materia que a su juicio excede los mecanismos de resolución de la CONVEMAR. La defensa británica invocó el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas para justificar la explotación económica y sostuvo que la extracción efectiva no comenzará antes de 2028, rechazando la existencia de una urgencia cautelar.
Ante este argumento, los letrados argentinos trajeron a colación la vigencia de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, la cual prohíbe de manera explícita la adopción de medidas unilaterales de innovación mientras permanezca abierta la disputa de soberanía. Oyarzábal remarcó que los recursos naturales de la plataforma continental en controversia pertenecen legítimamente a los 46 millones de argentinos y que las decisiones sobre su explotación no pueden ser apropiadas de forma unilateral por las autoridades británicas ni por las empresas operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Escenarios de fallo y llamado a la negociación bilateral
El Presidente Javier Milei dio seguimiento continuo a las audiencias desde Buenos Aires, destacando el despliegue técnico y la rigurosidad jurídica con la que la delegación defendió los intereses soberanos de la Nación en el Atlántico Sur. Tras el término de las exposiciones orales, el Tribunal del Mar inició la fase de deliberación reservada. Se prevé que el veredicto sobre las medidas cautelares provisionales pueda darse a conocer hacia finales de esta misma semana o a más tardar el próximo lunes 16 de noviembre.
Las autoridades argentinas contemplan tres escenarios posibles: la concesión total de las medidas cautelares solicitadas, la aprobación de resoluciones parciales de protección o el rechazo por incompetencia preliminar. En cualquier desenlace, el Ejecutivo nacional reiteró su plena disposición a reanudar de inmediato las conversaciones diplomáticas bilaterales con el Reino Unido y a suscribir acuerdos prácticos provisionales, conforme al mandato de la Resolución 2065 de la ONU.
(Con información de infobae)
