Haití se encuentra sumido en un contexto de violencia extrema donde las pandillas criminales han desplegado abusos sistemáticos que van desde asesinatos masivos y violencia sexual coordinada hasta ataques directos contra hospitales y escuelas. Así lo advirtió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), en una entrevista concedida a la agencia EFE.
La representante del organismo de derechos humanos calificó la coyuntura del país caribeño como una crisis "muy compleja" y lamentó que las medidas punitivas adoptadas hasta el momento por la comunidad internacional no estén resolviendo el problema de fondo en una nación prácticamente en ruinas.
De acuerdo con los datos verificados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), tan solo en los primeros tres meses de este año se registraron al menos 1.642 muertes y 745 heridos a causa del conflicto interno.
No obstante, el informe arroja una preocupante paradoja: mientras que las pandillas armadas (que retienen el control de la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe) fueron responsables del 27% de las bajas, las propias operaciones de las fuerzas de seguridad estatales y sus aliados causaron el 69% de los muertos y heridos, arrastrando en el proceso a decenas de civiles inocentes, incluidos menores de edad.
A la parálisis social provocada por el control territorial de las bandas se suma una agudización extrema de la miseria. Los organismos internacionales estiman que unos 5,8 millones de haitianos, equivalentes a un alarmante 52% de la población total, padecen niveles de crisis o categorías superiores en materia de inseguridad alimentaria, mientras que la cifra de desplazados internos forzosos alcanzó un récord histórico de 1,4 millones de personas el año pasado.
Ante este escenario, el país aguarda el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la nueva misión militarizada de Naciones Unidas creada para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), la cual abandonó el terreno sin cosechar los resultados esperados en el combate urbano.
Frente a la inminente operatividad de la GSF, la directora de Amnistía Internacional reclamó una política de máxima transparencia institucional a los mandos de la ONU.
Piquer enfatizó la necesidad crítica de que exista una claridad meridiana sobre cómo va a operar este nuevo contingente internacional, cuáles serán los mecanismos específicos de rendición de cuentas ante abusos, qué reglas regirán el uso de la fuerza letal en barriadas vulnerables, cuál será la estructura de mando y qué procedimientos de supervisión civil se implementarán para asegurar de forma irrestricta el respeto a los derechos humanos de la población civil.
Uno de los puntos más polémicos denunciados por AI radica en el uso de drones armados y naves pilotadas a distancia por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y contratistas privados aliados en zonas residenciales. El organismo denunció que casi 70 personas perdieron la vida entre enero y marzo debido a ataques ejecutados desde el aire.
Piquer subrayó que estas herramientas tecnológicas, implementadas bajo la retórica de capturar cabecillas criminales, están violando flagrantemente las garantías fundamentales y encubriendo lo que, en múltiples casos documentados, constituyen ejecuciones extrajudiciales deliberadas que agravan la espiral de impunidad en la isla.
(Con información de EFE)
