Amnistía Internacional denunció el reclutamiento de ciudadanos latinoamericanos por parte de Rusia mediante engaños, coacción y explotación laboral. La organización reveló la existencia de redes transnacionales que operan desde Colombia, Cuba, Brasil y Perú para enviar civiles al frente de batalla. La investigación advierte que estas prácticas delictivas podrían constituir graves delitos de trata de personas a escala internacional.
Los testimonios recabados en campos de prisioneros evidenciaron que los reclutas ingresaron bajo promesas falsas de empleos civiles bien remunerados. Las víctimas sufrieron la confiscación de pasaportes y teléfonos celulares tras ser trasladadas a centros de entrenamiento militar en territorio ruso. Las autoridades utilizaron amenazas de prisión o muerte para impedir la huida de los extranjeros retenidos.
Casos documentados en Perú reportan al menos 459 connacionales captados, con un saldo de once fallecidos y más de un centenar de desaparecidos. Redes intermediarias operan desde agencias locales percibiendo elevados ingresos en dólares por cada individuo enviado a la zona de conflicto. La captura de civiles aprovecha las necesidades económicas y la precariedad migratoria de los países de origen.
Ciudadanos cubanos fueron captados bajo la promesa de obtener la ciudadanía rusa o reducir condenas en centros penitenciarios euroasiáticos. Los reclutas recibían breves periodos de instrucción militar en zonas ocupadas del este de Ucrania antes de ser desplegados. Sin embargo, la falta de experiencia de los combatientes derivó en altas tasas de captura y bajas en combate.
La organización instó a los gobiernos de la región a adoptar medidas preventivas urgentes contra el fraude laboral en línea. Las agencias deben investigar minuciosamente a los intermediarios involucrados para juzgar a los responsables de este tráfico de personas. La cooperación internacional resulta prioritaria para desarticular estas estructuras clandestinas y proteger a las poblaciones vulnerables.
El informe reclamó evitar la criminalización automática de las víctimas de trata, asegurando asistencia consular adecuada para la repatriación de los afectados. Las familias sufren graves consecuencias por la pérdida de ingresos y la absoluta incertidumbre sobre el paradero de sus allegados. Las administraciones regionales deben garantizar mecanismos eficaces de protección y reparación para las víctimas.
Las acciones del régimen ruso confirman la instrumentalización indiscriminada de extranjeros para sostener su agresiva campaña militar en Europa del Este. La respuesta coordinada de la comunidad internacional será decisiva para frenar los abusos de estas redes operativas en América Latina. La firmeza diplomática garantizará la preservación de los derechos humanos frente a las redes de reclutamiento.
(Con información de Infobae)
