A raíz de los controles reforzados de cumplimiento normativo, diversos empresarios y ejecutivos de la región han reportado demoras prolongadas, devoluciones de fondos sin explicación oficial y trabas operativas para concretar transacciones en distintas divisas entre ambas naciones. En este contexto, varias compañías con sede en territorio emiratí han optado por canalizar sus pagos a través de instituciones bancarias ubicadas en terceros países para evitar la parálisis de sus flujos de caja y mantener sus operaciones comerciales.
Fuentes del sector financiero señalan que el incremento en la fiscalización bancaria coincide con un periodo de crecientes desacuerdos políticos entre ambas potencias del Golfo Pérsico. Las discrepancias han quedado al descubierto tras posturas encontradas en el conflicto de Yemen, visiones divergentes frente a la crisis con Irán y la reciente decisión adoptada por los Emiratos Árabes Unidos en abril pasado de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), bloque liderado históricamente por la diplomacia saudí.
Paralelamente a las medidas de regulación financiera, Riad y Abu Dabi sostienen una intensa competencia por consolidarse como el principal centro de negocios e inversiones del Medio Oriente. En el marco de sus planes de diversificación fiscal para reducir la dependencia de los ingresos petroleros, el Gobierno saudí ha condicionado la adjudicación de contratos estatales a que las corporaciones multinacionales trasladen sus sedes regionales a la capital, Riad, incrementando la rivalidad directa con el modelo comercial y financiero consolidado en Dubái.
Pese a las fricciones y la rigurosidad en los controles bancarios, la autoridad monetaria de Arabia Saudita aclaró que no existen restricciones directas o prohibiciones explícitas hacia ningún país en particular, sino una aplicación estricta de mitigación de riesgos institucional. Por su parte, portavoces oficiales emiratíes destacaron la solidez de los lazos económicos y comerciales bilaterales, reiterando la disposición de sus ministerios para evaluar cualquier eventualidad a través de los canales institucionales pertinentes.
(Con información de Reuters)
