La Oficina del Presidente informó este jueves que el Gobierno Nacional ha declarado formalmente al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista. Esta medida busca desmantelar la estructura financiera de la banda en suelo argentino. El Ejecutivo dispuso su inmediata incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).
La inscripción en dicho registro, dependiente del Ministerio de Justicia, habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas severas. El objetivo principal es limitar la capacidad de acción de los miembros de este cartel y proteger el sistema bancario nacional. Esta decisión se enmarca en los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra el crimen organizado.
Esta declaración refuerza la cooperación internacional en seguridad, coordinando acciones con países que ya han designado al CJNG como una amenaza terrorista global. El cartel, dedicado al tráfico de drogas y armas, es considerado uno de los más violentos de la región. La contundente medida del presidente Milei busca blindar las fronteras ante la expansión de estas mafias.
El CJNG surgió originalmente como un brazo armado del Cartel de Sinaloa antes de independizarse y expandir su control territorial en México y el extranjero. Su estructura ha sido responsable de múltiples actos de violencia extrema para consolidar su poder económico. La justicia argentina vigilará ahora con rigor cualquier intento de lavado de activos por parte de sus integrantes.
Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», fundador del cartel y uno de los criminales más buscados, murió recientemente en un operativo militar en febrero. Su desaparición generó una reestructuración en la banda que las autoridades regionales siguen con atención. Argentina se suma así a la ofensiva internacional para asfixiar los recursos de esta peligrosa organización.
El Gobierno de Milei reafirmó su compromiso de utilizar todas las herramientas legales para combatir el financiamiento de grupos que atentan contra la seguridad pública. Con esta designación, las fuerzas de seguridad locales obtienen mayores facultades para investigar nexos locales del narcotráfico. La lucha frontal contra el terrorismo se mantiene como una prioridad estratégica de la gestión.
