Un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración fue arrestado por manipular expedientes migratorios sensibles mediante un esquema de sobornos. Lukman Owolabi Ganiyu y su cómplice Adeniyi Akeem Somoye recibieron casi un millón de dólares para alterar y acelerar solicitudes de residencia y naturalización. Las autoridades destacaron que el fraude vulneró gravemente los controles de seguridad nacional en Estados Unidos.
La maniobra delictiva se extendió por más de seis años en dependencias del Distrito Norte de Texas. Los imputados obviaron la revisión de antecedentes penales y desviaron expedientes de diversas oficinas para aprobarlos sin supervisión. La grave infracción penal podría acarrearles penas de hasta cinco años de prisión y severas sanciones financieras.
Los investigadores detectaron miles de mensajes y transferencias digitales dirigidas a ocultar el origen ilícito de los fondos. Los pagos se canalizaron a través de aplicaciones financieras y depósitos constantes en dinero efectivo. El mecanismo permitió la aprobación irregular de beneficios legales a cientos de solicitantes de origen africano.
El exfuncionario aprovechó su cargo público para otorgar la ciudadanía estadounidense a su presunto cómplice de manera fraudulenta. Posteriormente extendió el beneficio de la residencia legal a los familiares directos de su socio operativo. El abuso flagrante de las funciones oficiales desmanteló la integridad de las instituciones migratorias del país.
El fiscal federal calificó la venta de estatus legal como un abuso inaceptable contra la confianza pública nacional. Las autoridades advirtieron que intervendrán con severidad inmediata contra los funcionarios que pongan precio a la ley. El acusado abandonó su puesto dentro del organismo oficial meses antes de ser aprehendido por agentes federales.
El Departamento de Justicia evaluará el impacto de las irregularidades cometidas sobre los expedientes aprobados durante la red de corrupción. Los fiscales confirmaron que los beneficios y ciudadanías obtenidas mediante este fraude podrán ser anulados o revocados definitivamente. La medida pretende restaurar la legalidad en el sistema procesal de la administración migratoria.
La investigación reafirma el compromiso irrenunciable de erradicar el fraude en la asignación de la ciudadanía estadounidense. Las agencias federales mantendrán la supervisión estricta sobre los procesos de revisión para resguardar la seguridad interior. La firmeza de la justicia prevalecerá para sancionar el abuso de poder en el servicio público.
(Con información de Infobae)
