El aparato judicial del reino de Bahréin asestó este domingo un golpe a las redes de inteligencia e influencia de la República Islámica en el golfo Pérsico. El Tribunal Superior Penal dictó sentencia condenatoria de cadena perpetua contra nueve ciudadanos bahreiníes y penas adicionales de tres años de prisión para otros dos implicados, tras hallarlos culpables de los delitos de espionaje, traición y conspiración para cometer actos terroristas en coordinación directa con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.
De acuerdo con los expedientes presentados por la Fiscalía General y difundidos por la agencia oficial de noticias bahreiní (BNA), la célula operaba mediante un sistema de compartimentación de tareas para desestabilizar la seguridad nacional.
Uno de los cabecillas de la trama fue reclutado directamente por la comandancia iraní para coordinar la vigilancia física de infraestructuras estratégicas y sitios altamente sensibles por todo el país. Para ejecutar este plan, subcontrató a un segundo cooperador que se alojaba de forma itinerante en diversos complejos hoteleros para fotografiar los objetivos seleccionados y remitir el material de inteligencia.
El dinero bajo la lupa de los investigadores del Ministerio del Interior era triangulado por un tercer acusado que, aprovechando su posición laboral en una casa de cambio de moneda de Manama, estructuró un mecanismo de blanqueo utilizando cuentas bancarias tanto bahreiníes como iraníes.
Su función primordial consistía en recibir las remesas en dólares inyectadas por la Guardia Revolucionaria y distribuirlas en dinares a los distintos ejecutores de las células de observación, contando con la complicidad de terceros que facilitaban la cobertura para evitar el radar de los analistas de inteligencia financiera.El desmantelamiento definitivo de esta facción se aceleró el pasado 9 de mayo, cuando el Ministerio del Interior de Bahréin anunció una macrooperación antiterrorista que culminó con la detención de 41 personas presuntamente vinculadas al espionaje persa.
La Fiscalía de la monarquía árabe confirmó que, además de los delitos materiales de recopilación de datos logísticos, los tribunales procesan actualmente decenas de expedientes paralelos relacionados con ciudadanos locales que manifestaron simpatía pública u ofrecieron apoyo propagandístico a los recientes bombardeos perpetrados por las fuerzas iraníes.
Además de las condenas de privación de libertad, el Tribunal Superior Penal ordenó la incautación definitiva de todos los fondos económicos, dispositivos tecnológicos, materiales balísticos y herramientas de telecomunicación decomisados durante los registros domésticos. El Gobierno bahreiní ratificó que mantendrá los despliegues de alerta máxima en sus fronteras terrestres y puertos, acusando al estamento militar de la Guardia Revolucionaria de persistir en sus intentos de captar a nacionales para convertirlos en herramientas de su guerra asimétrica.
(Con información de Reuters e Infobae)
