El Parlamento de Bélgica aprobó una reforma legislativa que faculta a los efectivos de la Policía Nacional a acceder a domicilios particulares con el fin de detener y deportar a inmigrantes ilegales que representen un peligro para el orden público o la seguridad nacional. La iniciativa legislativa, impulsada por el Gobierno de coalición del primer ministro conservador Bart De Wever, busca eliminar los vacíos legales que impedían la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión cuando los afectados se atrincheraban en sus viviendas y se negaban a colaborar con las autoridades.
La votación del texto legal culminó tras un prolongado debate parlamentario que se extendió durante la noche del viernes 6 de noviembre. La nueva normativa autoriza los registros e incursiones policiales en la franja horaria comprendida entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche, exigiendo de forma preceptiva una autorización emitida por un juez de instrucción.
Los operativos contarán con el respaldo táctico de funcionarios de la Oficina de Extranjería, estando habilitados no solo para concretar la aprehensión del individuo, sino también para registrar inmuebles de terceros en búsqueda de documentación de identidad y pruebas de residencia.
Requisitos de aplicación y combate a la reincidencia criminal
La legislación belga acorta las vías de evasión legal al fijar criterios estrictos para la entrada en las propiedades privadas. El protocolo únicamente podrá ejecutarse cuando concurra una orden de salida firme y ejecutable, la constatación de que el ciudadano extranjero se niega a cooperar con los canales de repatriación voluntaria y la existencia de evidencias fundadas que certifiquen su peligrosidad para la convivencia social. La medida pretende frenar la permanencia irregular de sujetos con antecedentes penales que intentan eludir la justicia territorial.
La ministra de Asilo y Migración de Bélgica, Anneleen Van Bossuyt, calificó el dictamen como un "avance histórico" en la restitución del principio de autoridad y el cumplimiento del Estado de derecho. La funcionaria subrayó que la capacidad de respuesta policial resulta indispensable para neutralizar a delincuentes condenados que han extinguido sus penas de prisión pero se resisten a abandonar el país, así como a predicadores extremistas y elementos radicalizados que atentan contra los valores institucionales del continente europeo.
El Ejecutivo belga ha rechazado las críticas de los sectores de la izquierda radical asegurando que la norma no otorga una patente de corso a las fuerzas de seguridad, sino que establece salvaguardas judiciales rigurosas al requerir el aval expreso de la magistratura para cada registro. Desde el Gobierno central enfatizaron que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no puede utilizarse como un escudo de impunidad para distorsionar la Ley de Extranjería ni para proteger a quienes amenazan la integridad de la ciudadanía.
(Con información de la Gaceta de la Iberosfera)
