El Gobierno de Bolivia dio un golpe a la estructura de corrupción establecida por el Movimiento al Socialismo (MAS). Mediante un decreto, se anularon 161 normas que facilitaban la adjudicación directa de obras sin controles. Según el mandatario, este sistema movilizó cifras millonarias bajo una ideología que benefició exclusivamente a allegados del partido.
La medida elimina decretos que otorgaban libertad absoluta para manejar recursos estatales en proyectos sin justificación. Rodrigo Paz ejemplificó el despilfarro con el Museo de Orinoca, dedicado a la egolatría de Evo Morales, que costó 8 millones de dólares. El presidente afirmó que la contratación directa se volvió sinónimo de irregularidades en obras públicas.
"Este decreto es un ataque directo a un modelo y a un sistema que sostenía esa ideología de la corrupción".
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció que estas prácticas dejaron al país lleno de "elefantes blancos" e infraestructuras inútiles. Citó aeropuertos sin flujo comercial y hospitales a medio construir que afectan la salud de los bolivianos. Para el Ejecutivo, este sistema incentivó disputas políticas por el control discrecional de los recursos.
Las investigaciones señalan que el requisito para obtener contratos millonarios era ser amigo, pariente o militante del partido oficialista. El Gobierno actual busca derrotar esta estructura que operó sin procesos de verificación ni transparencia mínima. Con la anulación de estas leyes, se pretende cerrar el paso al enriquecimiento de la élite socialista.
A partir de ahora, todas las contrataciones del Estado deberán ser transparentes y estarán sujetas a fiscalización rigurosa. El ministro Lupo anunció auditorías a cada proyecto adjudicado en el pasado para determinar responsabilidades penales. El objetivo es recuperar la confianza institucional y asegurar que el dinero no termine en bolsillos partidarios.
"Estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca. Esto se acabó".
La administración de Paz reafirmó su compromiso de no ignorar la malversación de fondos detectada en las últimas dos décadas. La eliminación de estos mecanismos es vista como un paso esencial para sanear la economía nacional. La derecha boliviana marca así una distancia definitiva con el modelo de gestión discrecional del MAS.
