El Gobierno de Bolivia ha asestado un golpe patrimonial definitivo a la estructura de Sebastián Marset, incautando bienes de lujo y armamento de guerra en Santa Cruz de la Sierra. Tras la detención del narcotraficante el pasado viernes y su inmediata entrega a la DEA, las autoridades revelaron el decomiso de cinco viviendas, vehículos de alta gama y fusiles AK47, desmantelando la logística que el uruguayo mantuvo en el país mientras estuvo prófugo.
El operativo, que duró seis horas en el exclusivo barrio de Las Palmas, culminó con la expulsión de Marset hacia Virginia, Estados Unidos, donde ya compareció ante un tribunal por cargos de lavado de activos. A sus 34 años, el "capo" era uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense, que ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información que facilitara su captura definitiva.
A pesar del éxito del arresto, el caso ha generado una fuerte polémica interna debido a denuncias de saqueos e irregularidades en el manejo de las evidencias. El fiscal departamental Alberto Zeballos investiga reportes sobre la desaparición de joyas, relojes y dinero en efectivo de las propiedades precintadas, lo que ha llevado al ministro de Gobierno a ordenar una investigación administrativa contra el mando policial.
La permanencia de Marset en Bolivia era objeto de críticas constantes, especialmente tras su fuga en 2023, cuando afirmó haber sido alertado por agentes antinarcóticos. Diversos sectores señalaban que el uruguayo vivía bajo la protección del alto mando policial en la zona del Urubó, sospechas que ahora el Ejecutivo intenta disipar mediante la desarticulación total de su red de testaferros y colaboradores.
Con 16 aviones bajo custodia estatal, las autoridades bolivianas aseguran que la capacidad operativa de transporte de droga de esta organización ha quedado neutralizada. Mientras Marset enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión en suelo norteamericano, en Bolivia continúan los allanamientos para determinar el alcance real de las complicidades oficiales que permitieron al delincuente operar durante años.
