El Gobierno boliviano presentó una nueva política antidroga para el período comprendido entre 2026 y 2030. La estrategia se activó tras registrarse un incremento del siete por ciento en la superficie cultivada de coca. El plan cuenta con un presupuesto integral de casi quinientos millones de dólares financiados junto a la cooperación internacional.
Las mediciones de la Unodc revelaron un aumento preocupante hasta alcanzar las treinta y seis mil hectáreas. El ministro de Gobierno expresó su firme compromiso de recuperar la capacidad institucional de intervención directa en las regiones afectadas. La meta prevé erradicar las plantaciones excedentarias hasta ajustar la oferta a los límites permitidos legalmente.
Las fuerzas de seguridad desplegarán operativos de interdicción focalizados mediante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. La estrategia contempla el rastreo de inteligencia financiera para confiscar activos y desarticular a las bandas criminales dedicadas al tráfico. Asimismo, se reforzará la fiscalización estricta sobre precursores químicos para neutralizar la producción sintética.
El programa incorporar además un abordaje enfocado en la salud pública y la prevención comunitaria. Las autoridades implementarán planes de rehabilitación orientados a proteger a la juventud de los peligros de la adicción. Diversos organismos internacionales, como la Unión Europea, respaldaron la iniciativa coordinada entre seguridad y desarrollo integral.
El anuncio gubernamental coincide con un escenario económico complejo marcado por la escasez de divisas. Durante el acto oficial, el mandatario Rodrigo Paz instó a priorizar la producción nacional en lugar de depender del financiamiento externo. La prioridad estatal apunta a reconvertir las economías regionales vulnerables hacia actividades agrícolas legales.
El fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado busca consolidar la estabilidad social en las zonas rurales. Las agencias antidroga mantendrán una vigilancia constante sobre las fronteras continentales para impedir el tránsito de sustancias ilícitas. Las acciones marcarán el rumbo de la política de seguridad para el próximo quinquenio nacional.
