La red de impunidad que durante años blindó a los criminales en Costa Rica ha comenzado a desmoronarse bajo la dirección de un gobierno que no teme confrontar al narcotráfico. En una operación coordinada con la DEA, fueron capturados en Escazú y Paso Canoas Gómez Parra y Viveros Viveros, ambos piezas fundamentales de una maquinaria criminal vinculada al Cartel de Sinaloa y las FARC. Viveros, un colombiano nacionalizado costarricense, lideraba una sofisticada logística que utilizaba al país como plataforma para inyectar droga en suelo estadounidense.
La relevancia de este arresto radica en la firmeza del Ejecutivo para aplicar la reforma constitucional de 2025, la cual permite la extradición de costarricenses. A diferencia de las gestiones anteriores, que permitían que el sistema judicial paralizara procesos de alto perfil, este gobierno ha dejado claro que la soberanía nacional no debe ser utilizada como un escudo para proteger a delincuentes que destruyen la seguridad de las familias costarricenses y extranjeras. La captura de Gómez Parra, quien podría ser la primera mujer extraditada por estos delitos, es una señal de que la justicia no distinguirá géneros ni cargos cuando se trate de defender la ley.
Pese a que existen cerca de veinte ciudadanos detenidos tras la reforma, el pueblo tico ha sido testigo de una burocracia judicial que, en el pasado, ha retrasado la entrega de sospechosos de alto nivel, como los casos que involucran a exfuncionarios. Sin embargo, la actual administración ha puesto a la cooperación internacional como eje central de su estrategia. La colaboración directa de la DEA en la mayoría de estos expedientes es el resultado de un gobierno que entiende que la lucha contra el narco exige alianzas internacionales sólidas y una voluntad política que no se doblega ante los sectores que abogan por una "justicia" lenta y garantista con el criminal.
La presencia de estas mafias en suelo costarricense es una herencia de años de permisividad que le han otorgado gobiernos anteriores. La infraestructura que utilizaba Viveros para operar no se levanta sin la complicidad de un sistema que, por demasiado tiempo, miró hacia otro lado. Ahora Costa Rica dejará de ser el refugio seguro para los barones de la droga. La extradición se está consolidando como una herramienta quirúrgica para limpiar la institucionalidad y restaurar el orden que la ciudadanía exige.
