En un fallo que desmantela la arquitectura financiera de la familia Kirchner, la Cámara de Casación Federal autorizó este viernes el remate inmediato de 141 inmuebles, vehículos y millones de dólares en efectivo vinculados a la causa Vialidad. La decisión de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña establece un hito jurídico: el Estado puede y debe ejecutar bienes de origen ilícito, incluso si estos fueron transferidos a los hijos de los condenados bajo la figura de herencia o donación.
La medida busca cubrir el agujero fiscal de más de 684.990 millones de pesos generado por la administración fraudulenta en la obra pública. Al ordenar el remate de propiedades, la justicia argentina ignora las impugnaciones de Máximo y Florencia Kirchner, quienes pretendían conservar 19 bienes de lujo en Santa Cruz alegando ser "ajenos" al proceso penal, a pesar de que el patrimonio fue construido mientras sus padres saqueaban las arcas públicas.
“El decomiso debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos. No tendría sentido que el Estado permita que el delito continúe produciendo beneficios económicos para los familiares de los condenados”, sentenció el juez Gustavo Hornos en el fallo mayoritario.
El inventario de activos a subastar es una radiografía del enriquecimiento de la "era K": incluye desde el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple su arresto, hasta los 4,6 millones de dólares que Florencia Kirchner escondía en cajas de seguridad. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola celebraron la orden de ejecución ante la sistemática negativa de los Kirchner a pagar un solo peso de la multa impuesta.
Para la Sala IV de Casación, permitir que los herederos retengan el patrimonio mal habido sería una "afrenta al principio de igualdad ante la ley". Los magistrados recordaron que, según la Constitución Nacional, los delitos de corrupción que conllevan enriquecimiento son atentados contra el sistema democrático, lo que justifica la máxima severidad en el recupero de activos.
“La ejecución alcanza al conjunto del patrimonio ilícito, incluyendo bienes en cabeza de los condenados y aquellos transferidos a terceros a título gratuito”, ratificó el juez Barroetaveña, consolidando la mayoría que pone fin a las dilaciones de la defensa.
El fallo también ordena la liquidación de empresas que sirvieron como pantallas para el lavado y el desvío de fondos, como Austral Construcciones, la firma insignia de Lázaro Báez. Con esta decisión, la justicia destruye la última línea de defensa del kirchnerismo, que durante años intentó separar la responsabilidad penal de sus líderes de la inmensa fortuna acumulada por su entorno familiar.
