El Ejecutivo chileno confirmó este martes que los migrantes irregulares conservarán el acceso a la atención sanitaria y la educación escolar. El ministro de la Presidencia, José García Ruminot, enfatizó que estos beneficios son pilares centrales que no serán alterados. Sin embargo, aclaró que se limitará el acceso a otros proyectos y subsidios sociales para quienes no tengan papeles.
Como parte de su promesa de campaña, el presidente Kast supervisó en Arica el inicio de la construcción de obstáculos físicos en las fronteras con Perú y Bolivia. Estas barreras, que deben completarse en un plazo de 90 días, buscan frenar el flujo migratorio no documentado. El Gobierno vincula directamente el aumento de la irregularidad con el incremento de la criminalidad en el país.
En el Congreso, se ha dado urgencia legislativa a 20 proyectos que endurecen las penas y las condiciones de estancia. Entre las reformas destaca la tipificación del ingreso por pasos no habilitados como un delito penal. Esta medida cuenta con una base de discusión previa que, según el ministro Ruminot, facilitará su pronta transformación en ley de la República.
Respecto a la educación superior, el Gobierno planea acotar la gratuidad para futuros postulantes sin eliminarla por completo. Se estima que entre 7,000 y 10,000 personas mayores de 30 años podrían perder el acceso a este beneficio en próximas convocatorias. El ministro aseguró que estas modificaciones no afectarán a los estudiantes que gozan actualmente del beneficio.
La administración de Kast busca equilibrar el cumplimiento de los derechos humanos básicos con una política de "tolerancia cero" a la ilegalidad. El despliegue militar en zonas críticas como Colchane refuerza la vigilancia estatal en las tres regiones del norte. Chile apuesta así por un modelo de migración ordenada y segura, priorizando el bienestar de los ciudadanos y la soberanía nacional.
Este enfoque representa un giro hacia la protección estricta de las fronteras tras años de ingresos masivos sin control. La construcción de infraestructura fronteriza es vista por el Ejecutivo como una herramienta necesaria para recuperar la seguridad pública. Al mismo tiempo, el mantenimiento de la salud básica previene crisis sanitarias que podrían afectar a toda la población chilena.
