El Gobierno de José Antonio Kast fletó este domingo un vuelo militar para concretar la deportación de 40 extranjeros en situación irregular hacia Colombia, Bolivia y Ecuador. Con este nuevo operativo aéreo de la Fuerza Aérea de Chile, las autoridades consiguieron elevar a 1.174 los expulsados en lo que va de este año. La medida forma parte de la estrategia estatal para recuperar el control de las fronteras nacionales y agilizar las salidas de quienes vulneraron las normativas de ingreso al territorio.
El desglose de los ciudadanos deportados detalló que la medida afectó a 20 colombianos, 12 bolivianos y ocho ecuatorianos, todos bajo estrictas medidas de custodia. El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, puntualizó que 12 casos judiciales correspondían a delincuentes procesados por robos con intimidación, abusos sexuales y tenencia ilegal de armas de fuego. Los otros 28 deportados restantes del vuelo militar enfrentaron la expulsión por vía estrictamente administrativa.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó con orgullo que el Ejecutivo actual completó siete vuelos de expulsión en apenas cuatro meses de gestión de Kast. Esta cifra representa un tercio de todos los operativos aéreos ejecutados durante los cuatro años de la administración anterior. La reactivación de los vuelos demuestra un cambio radical frente a la pasividad previa en materia de repatriación de delincuentes.
En contraste, el último año del expresidente Gabriel Boric culminó con apenas 1.117 extranjeros expulsados, cifra ya superada por la actual administración. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile residen actualmente más de 330.000 extranjeros irregulares. Esta acumulación masiva de migrantes sin documentación presiona de manera constante sobre los servicios públicos y la seguridad de las regiones del norte.
Por otro lado, el Sermig informó que 6.384 migrantes irregulares abandonaron voluntariamente el país desde el traspaso de mando presidencial. De ese grupo, 911 personas decidieron retirarse tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio. Alrededor del 77% de estas salidas voluntarias corresponden a ciudadanos venezolanos que optaron por retornar a su tierra o buscar otros destinos regionales.
No obstante, las autoridades de la cartera de Interior estiman que más de 75.000 órdenes pendientes de expulsión siguen en lista de espera sin poder ejecutarse. Cerca de la mitad de esos expedientes corresponden a venezolanos que quedaron varados por la ruptura diplomática bilateral.
La administración de Kast busca agilizar los mecanismos legales para concretar las expulsiones pendientes y desarticular las redes de tráfico de personas. La Moneda insistirá en coordinar nuevos puentes aéreos con los países de origen para descongestionar los centros de detención temporal. Las autoridades enfatizaron que no habrá tolerancia para los indocumentados que cometan delitos en Chile.
(Con información de Infobae)
