De acuerdo con el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, el país registró 472 asesinatos durante el primer semestre de 2026, lo que representa una disminución del 11,5% en comparación con el mismo período del año anterior y marca la cuarta caída consecutiva desde el pico crítico de 660 víctimas alcanzado en 2022.
La tasa nacional descendió a 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, aproximándose a los estándares de contención previa. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, subrayó el impacto de las intervenciones focalizadas y destacó un dato decisivo dentro del perfil de los fallecidos: más del 50% de las víctimas registraba antecedentes penales previos, evidencia del cerco policial y las disputas internas entre estructuras al margen de la ley.
En el mapa delictivo, las agresiones vinculadas directamente a bandas de crimen organizado pasaron a ser la causa dominante, representando el 41,3% del total de casos (195 víctimas) y desplazando a la violencia interpersonal. Esta dinámica ha llevado a las fuerzas de inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) a priorizar el decomiso de armamento de fuego (mecanismo utilizado en el 48,9% de los crímenes) y a incrementar los patrullajes nocturnos en la vía pública, donde se comete casi el 63% de los ataques.
En el ámbito territorial, el despliegue de contención estatal permitió reducir la tasa de homicidios en 11 de las 16 regiones del país, destacando caídas drásticas en zonas estratégicas como Aysén (-80,4 %), Atacama (-73,5 %) y la frontera norte en Arica y Parinacota (-47,4 %). No obstante, tres núcleos urbanos (la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío) continúan concentrando el 65,5% de las víctimas nacionales, mientras el Gobierno refuerza la presencia policial en regiones que registraron rebrotes como Tarapacá y Coquimbo.
El rigor en la gestión de la infraestructura penitenciaria también mostró resultados positivos. Gracias a los estrictos controles internos implementados por Gendarmería, los homicidios consumados en recintos carcelarios descendieron a 15 casos (-11,8%), la cifra más baja registrada desde 2023. De forma paralela, el reporte institucional confirmó una reducción del 16,7% en los femicidios y una caída del 9,1% en víctimas menores de edad.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, coincidieron en que la tendencia a la baja es el resultado directo del trabajo coordinado entre el Ministerio Público, las policías y el Ejecutivo. Las autoridades ratificaron que el Estado mantendrá la presión operacional sobre las organizaciones criminales para erradicar el poder de fuego de los barrios y consolidar el restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional.
(Con información de José Antonio Kast vía X y La Tercera)
