La justicia española ha cerrado el proceso penal contra la denominada "Manada de Huesca", dictando penas que suman más de 26 años de cárcel para los responsables de un martirio que se prolongó durante meses entre 2019 y 2020. Los condenados; Mateo M.N., Antonio G.G. (alias 'Antoñito') y Juan Ramón G.L. (alias 'Noño') han sido hallados culpables de delitos de acoso y agresión sexual continuada con acceso carnal contra una niña de 14 años. Los hechos probados describen un patrón de conducta criminal que incluía el traslado de la víctima a descampados y casas abandonadas, donde era sometida a violaciones grupales bajo amenazas de muerte y la grabación de los actos para asegurar su silencio.
La sentencia destaca por la dureza aplicada a Mateo M.N., de 22 años al momento de los hechos, quien ha recibido la condena más alta: 15 años de prisión. A diferencia de sus cómplices, este individuo no alcanzó un acuerdo de conformidad ni acreditó la reparación del daño, por lo que el tribunal ha aplicado el rigor de la ley atendiendo a su historial penal previo y a la violencia concreta ejercida. Además de la cárcel, se le han impuesto 10 años de libertad vigilada y 20 años de inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto con menores, medidas necesarias para la protección de la infancia en el ámbito público.
"Mateo M.N. la condujo hasta un descampado... donde Antonio G.G. la violó tapándole la boca para que no gritase, mientras los otros vigilaban y grababan", detalla el fallo judicial, subrayando el uso de la intimidación física y tecnológica como herramientas de sometimiento.
Por su parte, Antonio G.G. y Juan Ramón G.L. han sido sentenciados a poco más de 5 años de cárcel cada uno. Estas penas, sensiblemente inferiores a las del cabecilla, responden a la aplicación de atenuantes por "dilaciones indebidas" y "reparación del daño", tras haber consignado 13.000 euros cada uno a favor de la víctima antes del inicio de la vista oral. La sentencia también incluye condenas menores por agresiones sexuales sin acceso carnal contra otras tres víctimas, lo que confirma un historial de reincidencia y peligrosidad social que ha mantenido en vilo al barrio del Perpetuo Socorro durante años.
"La prueba principal fue la declaración preconstituida de la víctima y sus diarios personales, cuyo contenido cotidiano fue verificado al 100% por los investigadores", recoge la sentencia sobre la validez del testimonio de la menor, quien no tuvo que declarar en el juicio para evitar una recaída traumática.
En términos de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la víctima principal con 30.000 euros. El tribunal ha dado por probado que, a consecuencia de las agresiones y las torturas físicas (que incluyeron golpes con palos y un intento de quemarla viva), la menor padece ansiedad severa, descontrol emocional y requiere tratamiento psiquiátrico habitual. La sentencia establece que, tras cumplir su tiempo en prisión, los tres sujetos tendrán prohibido residir o acercarse al lugar de residencia de la víctima.
