El Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a cinco integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13). La pena máxima, correspondiente al delito de homicidio agravado con máxima crueldad, fue impuesta tras comprobarse la coautoría y participación directa de los procesados en las torturas y posterior asesinato de una adolescente de 14 años de edad, en un crimen ejecutado originalmente en diciembre de 2017 en el departamento de La Paz.
El dictamen judicial fijó las responsabilidades penales de forma individual sobre los miembros de la estructura delictiva: Héctor Fabricio Aguiluz Coreas, José Elías Henríquez Amaya, Marvin Alejandro Flores Rivas, Julio César Hernández Salinas y Francisco Javier Salinas Sánchez. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República, los acusados formaban parte de la célula operativa de la MS-13 instalada en la colonia Santa Inés del distrito de Santiago Nonualco. La cronología oficial de los hechos comenzó cuando la menor fue interceptada en la vía pública por dos de los ahora condenados.
La reconstrucción cronológica de los hechos determinó que la víctima fue interceptada en la vía pública por dos de los ahora condenados. Mediante manipulación, los delincuentes convencieron a la menor de acompañarlos hacia un sector apartado. Las indagaciones técnicas de la policía comprobaron que la jefatura de la pandilla ya había planificado y autorizado la ejecución de la adolescente, justificando el ataque bajo la sospecha de que la joven sostenía algún tipo de comunicación o vínculo con miembros de la facción contraria de la pandilla Barrio 18.
Mediante manipulación y engaños, los delincuentes convencieron a la menor de acompañarlos hacia un sector apartado esa misma tarde. Las indagaciones técnicas de la policía comprobaron que la jefatura de la pandilla ya había planificado y autorizado la ejecución de la adolescente con anterioridad, justificando el ataque bajo la sospecha de que la joven sostenía algún tipo de comunicación o vínculo con miembros de la facción contraria de la pandilla Barrio 18.
El asesinato se consumó al día siguiente en un terreno abandonado situado en las inmediaciones del barrio San Juan, en el mismo distrito de Santiago Nonualco. En ese lugar, un grupo integrado por al menos ocho hombres armados (entre ellos los cinco sentenciados) rodeó a la víctima, quien fue despojada de sus pertenencias y obligada a permanecer en el suelo. El cabecilla de la célula, Héctor Aguiluz, emitió la orden de iniciar la agresión física, momento en el cual el grupo criminal comenzó a golpear y herir a la menor utilizando armas blancas tipo corvo.
El cadáver de la adolescente fue localizado por las autoridades civiles un día después de la agresión, tras recibir alertas de los residentes locales. El informe forense emitido posteriormente por el Instituto de Medicina Legal aportó pruebas científicas sobre la crueldad empleada por los atacantes. Los peritos detallaron que el cuerpo de la adolescente presentaba 19 heridas profundas, 13 lesiones superficiales ocasionadas por armas cortopunzantes, mutilaciones en diversas partes de su anatomía y evidencias claras de haber sufrido abuso sexual antes de fallecer, concluyendo que la causa directa de la muerte fue el degollamiento.
Al emitir el fallo, el tribunal valoró las pruebas documentales, periciales y los testimonios recopilados por el Ministerio Público. La sentencia subrayó el estado de total indefensión de la víctima por su condición de menor de edad y el hecho de haber sido superada de manera absoluta en número y fuerza por sus agresores, validando la aplicación de la sanción carcelaria más rigurosa establecida en la legislación penal del país.
(Con información de reportes judiciales del Diario El Salvador)
