El caso se remonta al 27 de junio de 2022, cuando un camión con remolque que transportaba a 64 migrantes irregulares fue abandonado en una brecha de San Antonio, Texas. El vehículo había recorrido más de 250 kilómetros desde Laredo sin sistema de aire acondicionado y bajo temperaturas sofocantes. Al llegar las autoridades, 48 personas yacían sin vida dentro del contenedor y otras cinco fallecieron en centros asistenciales debido a severos cuadros de hipertermia. Entre los caídos figuraban 21 guatemaltecos, además de ciudadanos de México y Honduras.
"Miranda Orozco y sus cómplices trataron vidas humanas como mercancía. Las víctimas pagaron miles de dólares por una promesa y quienes cobraron esa promesa los abandonaron a su suerte", aseveró el fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas.
La evidencia del caso demostró que Miranda Orozco organizó personalmente la logística de alojamiento y transporte de dos de los guatemaltecos fallecidos y de un tercero que sufrió secuelas graves permanentes.
Firmeza fronteriza y el avance de los procesos judiciales
Desde el Departamento de Justicia se enfatizó que las autoridades estadounidenses mantendrán la máxima presión operativa y legal contra los coyotes y traficantes que vulneran la soberanía territorial y ponen en riesgo la seguridad fronteriza.
"No confíen su vida en estas personas porque simplemente no les importa. No les importan sus esperanzas ni sus sueños, solo les importa su dinero", advirtió el fiscal Simmons durante la audiencia.
La sentencia contra Miranda Orozco se suma a las penas fijadas contra los cabecillas de la organización en 2025, mientras que el conductor del camión, Homero Zamorano Jr., permanece a la espera de la lectura de su condena programada para el próximo 11 de diciembre.
(Con información de EFE y Prensa Libre)
