El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, destituido recientemente por el Senado, cumple su medida de prisión preventiva en un dormitorio común del Regimiento Escolta Presidencial ubicado en Asunción. Según confirmó el mando de la unidad castrense, el exmandatario se encuentra alojado en una habitación regular sin rejas, con autorización para recibir visitas y mantener uso de su teléfono celular.
La medida cautelar fue dictada por el juez Humberto Otazú para garantizar su sujeción al proceso judicial derivado del colapso financiero de Ueno Bank. La Fiscalía imputó formalmente a Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, calculando un perjuicio patrimonial multimillonario que afecta a cerca de tres millones de clientes y diversos organismos estatales.
Privilegios de alojamiento y rechazo de la protesta popular
El coronel José Dayub explicó que el predio militar carece de celdas con rejas, por lo que el exmandatario ocupa un dormitorio común adaptado con una puerta convencional bajo llave. Asimismo, las autoridades confirmaron que sus familiares se encargan de proveerle las comidas diarias, mientras se evalúa si la resolución judicial le permite realizar caminatas dentro del amplio complejo castrense.
Las condiciones de su traslado generaron el repudio de cientos de manifestantes que se congregaron frente a su residencia particular para exigir su reclusión en un centro penitenciario común. Ante los incidentes registrados con el lanzamiento de objetos contra los vehículos oficiales, los cuerpos de seguridad determinaron que no existían garantías suficientes para mantener el arresto domiciliario.
El impacto institucional de la crisis financiera
La caída del Ueno Bank dejó sin acceso a sus fondos a miles de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) y a organismos públicos cuyos recursos fueron colocados en la entidad mediante gestiones cuestionadas. El Ministerio Público investiga las reuniones mantenidas por el exmandatario que facilitaron la compra masiva de bonos bancarios antes del decreto de intervención por insolvencia.
Tras el fracaso de su dimisión inicial ante un Congreso sin quórum, el Senado concretó su destitución por mal desempeño, permitiendo la asunción del nuevo mandatario Pedro Alliana hasta agosto de 2028. El proceso judicial contra Peña marca un hito en la supervisión del sistema financiero y la rendición de cuentas en la institucionalidad paraguaya.
(Con información de Infobae)
