La investigación por el asesinato que enlutó a Colombia el pasado 11 de agosto de 2025, tras el atentado sufrido meses antes, ha dado un giro hacia las estructuras del narcoterrorismo. La confesión judicial de Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo", recientemente condenado a más de 22 años de prisión, sugiere que la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue una "operación" fríamente calculada por la Segunda Marquetalia. Según el relato entregado a la Fiscalía, el grupo disidente de las FARC habría puesto precio a la vida de una de las voces más prominentes del Centro Democrático, quien se perfilaba como una figura clave para las elecciones de 2026.
Estas revelaciones apuntan a un plan para desestabilizar el orden político mediante el sicariato. Alias "el Viejo" detalló que la orden habría sido impartida por "Zarco Aldinever", mano derecha de Iván Márquez, bajo la instrucción de ejecutar el crimen "sí o sí". El testimonio menciona una recompensa de 1.000 millones de pesos por el asesinato, además de una partida adicional de 600 millones destinada a obstruir la justicia. De confirmarse, el mundo estaría ante un acto de interferencia armada en la soberanía popular, donde las balas intentaron silenciar el debate democrático que Uribe Turbay lideraba desde el Congreso.
“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación fue Kendry Téllez Álvarez, alias 'Yako'. La orden que nos dieron los de arriba se tenía que ejecutar”, afirmó el sentenciado, vinculando directamente a la cúpula de la disidencia con la logística del atentado en el parque El Golfito.
El sacrificio de Miguel Uribe Turbay, hijo de la periodista Diana Turbay y nieto del expresidente Julio César Turbay, representa una de las heridas más profundas de la política colombiana reciente. Su labor como senador se caracterizó por una oposición firme y la defensa de la seguridad ciudadana; razones que, según la confesión, lo convirtieron en un "objetivo de alto valor" para las estructuras que operan desde la clandestinidad.
Este caso pone sobre la mesa la persistente amenaza de las disidencias que traicionaron el proceso de paz y retomaron las armas. Si la Segunda Marquetalia estuvo detrás del magnicidio, el Estado enfrenta un desafío de seguridad nacional que requiere una respuesta inmediata.
