La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis iniciativas legales entre las que destaca la denominada "Ley Cero Ocio". La propuesta, registrada formalmente bajo el expediente 25.617, busca transformar de manera estructural el sistema penitenciario del país centroamericano al establecer la obligatoriedad del trabajo y la capacitación para la mayoría de la población reclusa, terminando con la inactividad en las cárceles.
🇨🇷‼️| A través de un discurso contundente, Laura Fernández impulsó la ley “cero ocio”. Con esta nueva resolución, los presos tendrán que trabajar dentro de las cárceles para pagar su manutención durante el confinamiento. “No queremos más vagos en las cárceles”, explicó la… pic.twitter.com/a8YnBIMIUm
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 19, 2026
La propuesta legislativa plantea que los internos realicen trabajos remunerados tanto dentro como fuera de los centros penales, siempre bajo una rigurosa evaluación previa de sus condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales. Una de las novedades más significativas del proyecto es la distribución obligatoria de los ingresos generados por los reclusos, diseñada para aliviar la carga financiera del Estado y asumir la responsabilidad civil del delito. El esquema financiero establece que el 35% del salario se destinará al sostenimiento del sistema penitenciario, otro 35% será para las familias de las víctimas, un 20% se enviará a la familia directa del interno, y el 10% restante se acumulará en un fondo de ahorro que se entregará al cumplir la condena.
El plan estratégico del Gobierno contempla seis áreas específicas de inserción laboral: obras públicas, servicios ambientales, mantenimiento urbano, agricultura, manufactura y actividades educativas. De acuerdo con los pliegos del proyecto, los privados de libertad serán desplegados en labores de limpieza de ríos, mantenimiento de parques nacionales, embellecimiento de espacios públicos y conservación de la infraestructura vial en las zonas de ingreso al país. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, confirmó que ya existen cuadrillas piloto operando en jornadas completas de desmalezamiento bajo estricta supervisión oficial.
“No queremos más vagos en la cárcel”, sentenció la presidente Laura Fernández durante la defensa pública de la iniciativa.
Como antesala a la discusión de la ley y en señal de control institucional, el Ministerio de Justicia y Paz ordenó el decomiso inmediato de todos los hornos de microondas ubicados en los dormitorios de los centros penales del país. Las autoridades incautaron un total de 238 equipos que serán donados a comedores infantiles, delegaciones de la Fuerza Pública y organizaciones de beneficencia. El ministro Aguilar Vargas enfatizó que esta directriz busca igualar las condiciones de reclusión, eliminar privilegios internos y garantizar que los recursos públicos se redirijan a las instituciones que verdaderamente prestan servicios esenciales a la comunidad.
La mandataria costarricense no ha ocultado que esta reforma se encuentra directamente inspirada en el exitoso modelo de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Con el inicio del trámite legislativo, el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa buscará otorgar un trámite expedito a la norma, argumentando que la ocupación productiva y la retribución económica individual son herramientas indispensables para disminuir los índices de reincidencia criminal y garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema carcelario de Costa Rica.
(Con información de Diario La Huella y Expreso)
