El presidente ecuatoriano Daniel Noboa afirmó que existen evidencias contundentes sobre el uso criminal de embarcaciones pesqueras. Las investigaciones determinaron que los barcos reabastecían de combustible a las redes que trasladan estupefacientes hacia los mercados norteamericanos. El jefe de Estado respaldó los operativos ejecutados por las fuerzas militares conjuntas en aguas internacionales.
Las operaciones del Comando Sur destruyeron varias naves asociadas a grupos narcoterroristas que operan en la región andina. Las autoridades identificaron nexos directos entre los tripulantes y los carteles internacionales del crimen organizado transnacional. El gobierno ecuatoriano reafirmó su apoyo a la ofensiva para neutralizar las rutas logísticas del narcotráfico.
El presidente calificó además como una iniciativa positiva el anuncio de fondos adicionales destinados por Estados Unidos a la seguridad. No obstante, Noboa enfatizó la importancia de atraer inversión privada y generar empleo formal mediante el comercio bilateral. La administración nacional promueve alianzas estratégicas sustentables para financiar de forma eficiente el combate contra las mafias.
Las distorsiones causadas por los subsidios estatales al combustible benefician de forma indebida a estructuras criminales que evaden la ley. La intervención pública innecesaria suele generar incentivos perversos que destruyen la transparencia del mercado y distorsionan la economía. La eliminación de privilegios estatales resulta imperativa para garantizar una competencia justa y proteger el erario nacional.
El fortalecimiento de la iniciativa privada y el respeto al Estado de derecho constituyen pilares indispensables para el desarrollo productivo. La atracción de capitales extranjeros resguarda la libertad de los mercados y fomenta la creación neta de puestos de trabajo. La cooperación entre naciones debe centrarse en promover un entorno de negocios seguro y libre de distorsiones regulatorias.
La tolerancia del sistema judicial hacia los procesados compromete la efectividad de los esfuerzos realizados por las fuerzas del orden. La impunidad otorgada por fallos judiciales laxos debilita el principio de autoridad y pone en riesgo la seguridad jurídica. El rigor institucional resulta indispensable para erradicar las amenazas que atentan contra la libertad y la propiedad privada.
El gobierno nacional mantendrá el despliegue de las acciones operativas para garantizar la soberanía de las rutas marítimas del país. Las instituciones de seguridad continuarán trabajando en coordinación internacional para neutralizar a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El cumplimiento irrestricto de la ley prevalecerá como el marco fundamental para devolver la paz a la sociedad.
(Con información de Infobae)
