El presidente Abelardo de la Espriella asestó un golpe a la denominada "Paz Total" impulsada por la administración anterior, al decretar la clausura inmediata de tres espacios de conversación con organizaciones narco-terroristas que delinquen en el país. A través de un paquete de decisiones del Ejecutivo expedidas el pasado 28 de agosto, el Gobierno cortó de raíz los beneficios otorgados a disidencias de las FARC y a estructuras del crimen organizado, restableciendo el principio de autoridad y la persecución penal contra estas redes delictivas.
Mediante la Resolución 343 de 2026, el Estado finalizó la mesa de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. El documento oficial sustentó la medida en la absoluta falta de voluntad de paz e intenciones reales de desarme de estos grupos violentos. Asimismo, la Resolución 342 revocó el estatus de voceros a Alexander Díaz Mendoza, alias "Calarcá", y a Willinton Henao Gutiérrez, alias "Mocho Olmedo" (ambos requeridos por la justicia internacional), retirando simultáneamente a la delegación gubernamental.
De forma paralela, la Resolución 346 ordenó el desmantelamiento total del espacio de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), facción terrorista vinculada a los Comandos de Frontera. El Ejecutivo dejó sin efecto el reconocimiento legal concedido a sus integrantes, encabezados por Geovanny Andrés Rojas, alias "Araña", al comprobarse que utilizaban la mesa como fachada operativa para sostener el tráfico de drogas. Con esta determinación, el Gobierno retiró de sus funciones al jefe negociador Armando Novoa y desarticuló la estructura burocrática del proceso.
El paquete de medidas concluyó también el espacio sociojurídico sostenido con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como "Los Pachenca", tras constatar su rechazo a someterse al imperio de la ley. Además de revocar las acreditaciones de nueve de sus miembros (incluidos los hermanos Carmen Evelio y Fredy Castillo Carrillo), el Gobierno solicitó a las autoridades judiciales y a la Fuerza Pública la reactivación inmediata de las órdenes de captura suspendidas, disponiendo el despliegue operativo para la ubicación y detención de estos actores al margen de la ley.
(Con información de La FM)
