El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rechazó las declaraciones del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que este enviara el oficio PRS-239-2026 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional denunciando una supuesta interferencia e "asfixia institucional" derivada de las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación en el Congreso.
De la Espriella sostuvo que no existe ninguna decisión gubernamental que vulnere los compromisos internacionales del Estado colombiano, argumentando que la fijación de techos presupuestarios responde a la responsabilidad fiscal y a la disponibilidad real de recursos públicos. El mandatario precisó que la JEP solicitó 947.642 millones de pesos para 2027, frente a un proyecto asignado de 821.803 millones, recordando que desde 2018 dicha entidad ha recibido más de tres billones de pesos del erario.
"El presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen. Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", afirmó el presidente de la República.
El jefe de Estado cuestionó la proporcionalidad entre la estructura burocrática de la jurisdicción especial y sus decisiones judiciales, señalando que las primeras sentencias restaurativas llegaron recién en 2025. De la Espriella enfatizó que la nómina de la entidad ascendió a 404.477 millones de pesos en 2026, e instó a las directivas del tribunal a explicar la planificación, ejecución y priorización de sus gastos antes de calificar de persecución los debates legislativos sobre el gasto público.
En su pronunciamiento, el mandatario ratificó que la prioridad presupuestaria de su Administración será el fortalecimiento de la Rama Judicial ordinaria, la cual enfrenta altos niveles de congestión procesal, rezago tecnológico y limitaciones de infraestructura para atender el grueso de los delitos que afectan a la ciudadanía. Según el Ejecutivo, la reasignación de fondos públicos busca combatir la impunidad generalizada y no representa una interferencia, sino un ejercicio constitucional de ordenamiento del gasto estatal.
(Con información de la Presidencia de la República de Colombia)
