La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó formalmente la nueva ley de amnistía en el país, en un acto en el que subrayó que “hay que saber pedir perdón” como parte de un proceso en busca de reconciliación y convivencia nacional. Esta norma fue aprobada por la Asamblea Nacional venezolana con el objetivo declarado de liberar a presos políticos y exonerar judicialmente a quienes han sido perseguidos por motivos políticos durante décadas de confrontación social y violencia política.
La ley de amnistía amplia incluye casos que datan de varios momentos conflictivos desde 1999 hasta 2026, un periodo que abarca gobiernos anteriores y actuales bajo el chavismo, y busca eliminar cargos contra quienes participaron en protestas, acciones políticas o enfrentamientos relacionados con convulsiones sociales.
Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero de 2026, defendió la medida como un paso hacia la reconstrucción de la convivencia entre venezolanos y una oportunidad para sanar las heridas dejadas por largos años de confrontación política. En su discurso, insistió en la importancia de dejar atrás el odio y la venganza para abrir “un nuevo tiempo político” en Venezuela.
No obstante, pese a sus buenas intenciones declaradas, la ley ha generado escepticismo entre sectores críticos. Organizaciones de derechos humanos y líderes opositores han advertido que el texto puede ser limitado en su alcance y depender en exceso de un sistema judicial que ha sido utilizado históricamente para perseguir a disidentes, lo que puede dificultar la liberación y plena restitución de derechos de muchos presos políticos que aún permanecen tras las rejas.
Además, aunque la norma promete liberar y perdonar a numerosos detenidos, algunos grupos opositores señalan que no incluye cambios suficientes para garantizar reparaciones reales ni la salida de figuras represivas del aparato estatal, lo que mantiene dudas sobre si esta medida realmente podrá contribuir a una transformación profunda del país.
Las amnistías han sido solicitadas durante años por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos y la comunidad internacional, que han exigido la liberación incondicional de quienes fueron encarcelados por protestar o expresar sus ideas. Si bien la promulgación de esta ley representa un gesto político importante, su aplicación práctica y los resultados efectivos aún están por verse en un Venezuela que sigue lidiando con tensiones internas y desafíos para consolidar una verdadera libertad en su sistema político y judicial.
