Las operaciones militares del gobierno de Daniel Noboa contra el crimen organizado han generado denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en la zona amazónica. Habitantes del sector Recinto San Martín aseguran que efectivos ecuatorianos incendiaron hogares y realizaron bombardeos en áreas civiles durante la primera semana de marzo.
Vicente Garrido, líder comunitario de la zona, relató que el 6 de marzo se registraron ataques aéreos contra viviendas ya intervenidas. Los pobladores indican que bienes personales, ropa y herramientas de trabajo fueron destruidos sin recibir explicaciones oficiales por parte de las autoridades de Ecuador.
La incertidumbre crece ante el anuncio de nuevas operaciones conjuntas con fuerzas de los Estados Unidos. La tensión escaló tras el hallazgo de un artefacto explosivo de gran poder en territorio colombiano, específicamente en el sector de Jardines de Sucumbíos.
Según testimonios, la bomba fue lanzada desde una aeronave ecuatoriana pero no detonó al caer cerca de una zona residencial. Este hecho motivó una denuncia del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que se están produciendo bombardeos desde el país vecino contra suelo colombiano.
El mandatario colombiano solicitó una investigación exhaustiva tras mencionar inicialmente la existencia de cuerpos calcinados, versión luego aclarada por su Ministerio de Defensa. El ministro Pedro Sánchez precisó que las muertes citadas correspondían a operativos previos en laboratorios de cocaína en enero.
La caída del explosivo en suelo colombiano ha forzado la creación de una comisión técnica binacional. Militares de ambos países acordaron desplazarse al corredor fronterizo para esclarecer el origen de los ataques y evitar nuevos episodios que agraven la crisis diplomática.
La relación bilateral ya se encontraba deteriorada desde febrero por diferencias en materia de seguridad y controles fronterizos. Esta situación ha derivado en una disputa económica con la imposición de aranceles mutuos entre Quito y Bogotá bajo el principio de reciprocidad.
Los residentes manifiestan que ya no pueden realizar sus labores de pesca o agricultura por el riesgo de ser señalados como miembros de grupos terroristas. El estigma sobre la población civil ha paralizado la vida cotidiana en las comunidades que dependen del intercambio binacional.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a recopilar testimonios para elevar el caso ante organismos internacionales. El gobierno de Ecuador mantiene su postura de combatir frontalmente a los grupos armados que operan en su territorio.
El impacto colateral en las poblaciones fronterizas ha puesto en duda la precisión de la inteligencia militar en las incursiones. La vigilancia se ha intensificado en el río San Miguel, límite geográfico donde se concentran las denuncias de abusos.
