Según reportes exclusivos, las fuerzas de seguridad irrumpieron el pasado 8 de enero en el Centro Médico y de Investigación Cardiovascular Rajaei para impedir que el personal sanitario atendiera a los ciudadanos que huían de la represión. Cuando 14 enfermeras optaron por cumplir con su ética profesional y asistir a los heridos, el régimen desató una respuesta sangrienta: dos enfermeras fueron asesinadas a tiros en el lugar y otras cinco fueron secuestradas por agentes de inteligencia, quienes las trasladaron a centros de detención donde fueron sometidas a constante maltrato.
Las víctimas, tras sufrir violaciones grupales repetidas durante su cautiverio, fueron internadas de urgencia para someterse a cirugías de emergencia. A una de las enfermeras hubo que extirparle parte del intestino, mientras que a otra se le practicó una histerectomía debido a la gravedad de las lesiones internas provocadas por las agresiones. Este nivel de salvajismo no se detuvo en el abuso físico; el régimen también extorsionó a las familias de las supervivientes, exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de una libertad condicionada a la firma de documentos donde las víctimas eran obligadas a culparse a sí mismas por los actos de sus verdugos.
Informes de Amnistía Internacional y diversas investigaciones de las Naciones Unidas han documentado un catálogo de horrores que incluye el uso de tortura extrema para extraer confesiones televisadas durante años. En este caso, el régimen no solo buscó castigar a quienes salvaron vidas, sino también imponer un clima de miedo absoluto en los hospitales, donde el personal médico ha recibido órdenes directas de ignorar a los manifestantes heridos bajo amenaza de muerte.
El hallazgo de los cadáveres de dos enfermeras en centros de disposición final, como Kahrizak, pone de manifiesto la impunidad con la que operan los cuerpos de seguridad. Mientras los cuerpos eran dejados a la descomposición como una advertencia para el resto del personal médico, el aparato estatal de propaganda intentaba encubrir los hechos mediante la coacción de testigos y la falsificación de declaraciones.
