El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un fallo mediante el cual se revoca la ciudadanía estadounidense a Gurmeet Singh, de origen indio. La decisión judicial responde a las acciones legales emprendidas por el Departamento de Justicia para proteger la integridad del sistema migratorio, tras determinarse que el imputado ocultó haber cometido los delitos de violación y secuestro durante la tramitación de su proceso de naturalización.
De acuerdo con los registros judiciales, Singh ingresó a los Estados Unidos en febrero de 1992 bajo un permiso temporal de seis meses y permaneció de manera no autorizada hasta obtener la residencia permanente en junio de 2000. En mayo de 2011, semanas antes de solicitar la ciudadanía, Singh cometió la agresión sexual contra una pasajera mientras trabajaba como taxista, manteniéndola cautiva bajo amenaza con arma blanca. El agresor omitió estos hechos en sus declaraciones oficiales, logrando la obtención ilícita de la ciudadanía el 19 de octubre de 2011, antes de ser condenado a 20 años de prisión en Nueva York.
"La ciudadanía estadounidense no es un escudo para los criminales. Gurmeet Singh, un violador convicto de la India, ya no es ciudadano estadounidense. Ocultó una violación y un secuestro durante el proceso de naturalización, y un tribunal federal le ha revocado la ciudadanía. Este Departamento llevó este caso hasta el final y seguiremos actuando con celeridad en los casos de revocación de ciudadanía. La ciudadanía obtenida fraudulentamente no protege a los criminales de la justicia", declaró el Fiscal General Todd Blanche.
Desde la División Civil del Departamento de Justicia se enfatizó que las acciones legales continuarán aplicándose con rigor en todos los casos donde se compruebe engaño al Estado.
"Singh obtuvo ilegalmente los privilegios de la ciudadanía estadounidense al ocultar actos criminales atroces. El Departamento seguirá protegiendo la integridad del proceso de ciudadanía y exigirá responsabilidades a quienes defrauden nuestro sistema de inmigración", declaró el Fiscal General Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.
Por su parte, la fiscalía federal del distrito destacó que la orden emitida el 26 de agosto consolida los esfuerzos de la ley para sancionar el engaño institucional. La demanda presentada el pasado 2 de febrero concluyó de manera favorable para el gobierno norteamericano gracias al trabajo del equipo legal del Estado. La causa fue llevada a juicio por el abogado litigante Christopher Lyerla, perteneciente a la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil, en colaboración con la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Layaliza Soloveichik, asegurando que los recursos del sistema de justicia prevalezcan frente a irregularidades en las solicitudes de naturalización.
(Con información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos)
