El Parlamento de las Islas Baleares ha ratificado este martes la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Esta iniciativa de Vox, apoyada por el Partido Popular (PP), elimina un marco legal que la derecha considera divisivo y diseñado para imponer una "verdad oficial". La medida fue rechazada en bloque por los partidos de izquierda en una sesión marcada por la alta tensión dialéctica.
Sergio Rodríguez, diputado de Vox, defendió la medida recordando a los asesinados por el bando republicano antes y durante la Guerra Civil. Denunció que la ley izquierdista borró nombres de ciudadanos que no participaron en el golpe de 1936, pero que fueron víctimas de la represión roja. Para Vox, esta derogación restaura la justicia y la dignidad de todos los españoles.
El PP sostuvo que la ley anterior no unía, sino que buscaba "reescribir la historia" para enfrentar a la sociedad. La diputada Cristina Gil recordó el bombardeo republicano sobre Mallorca en 1937, que masacró a mujeres y niños. El bloque conservador insistió en que el dolor y el respeto deben ser iguales para todas las víctimas, sin importar su bando.
El debate incluyó constantes alusiones a la represión ejercida por ambos bandos. El PP admitió que la ley impulsada por la socialista Francina Armengol terminó sacralizando una visión sesgada que olvidaba, entre otros, a los religiosos asesinados. La derogación se presenta así como un paso necesario para garantizar la neutralidad institucional y la libertad de pensamiento.
Fuera de la Cámara, grupos de izquierda se manifestaron con fotografías de militantes comunistas para presionar a los diputados. A pesar del activismo en la calle y las críticas de la oposición, la mayoría parlamentaria mantuvo su postura firme. Vox celebra este hito como el fin de una herramienta de ingeniería social utilizada para manipular el pasado de las islas.
Con esta votación, Vox cumple un objetivo estratégico de legislatura y desmantela una de las leyes más ideológicas de la etapa anterior. Los proponentes aseguran que el Estado no debe dictar la memoria de los ciudadanos. La jornada cierra una etapa de intervencionismo histórico, abriendo camino a una convivencia basada en el reconocimiento total de la historia nacional.
