La Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Florencia coordinó un macrooperativo que permitió desmantelar una estructura bancaria clandestina controlada por ciudadanos chinos. La red, que funcionaba como un banco paralelo de alcance transnacional, movía flujos financieros ilícitos de entre 80 y 100 millones de euros anuales, prestando servicios de lavado de activos, transferencias anónimas y corretaje de fondos a destacadas organizaciones criminales como la Camorra, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita y poderosos cárteles del narcotráfico albanés.
El despliegue de las fuerzas policiales, liderado técnicamente por el Servicio Central Operativo de la Policía y la escuadra móvil de Prato bajo la conducción de la procuradora Rosa Volpe, culminó con la ejecución de 41 medidas cautelares contra sospechosos de nacionalidades china, albanesa e italiana, dentro de un expediente que registra un total de 57 investigados formales. El juez de instrucción preliminar, Antonio Pezzuti, ordenó el ingreso inmediato en prisión para 17 de los implicados, el arresto domiciliario para otros 16 y la obligación de presentación periódica ante las autoridades para ocho integrantes de la banda, disponiendo además el decomiso preventivo de propiedades, cuentas e inmuebles por un valor que supera los 60 millones de euros.
Los informes del cuerpo investigativo sitúan el núcleo logístico de la organización en la localidad de Prato, reconocida por albergar el distrito industrial textil más grande de Europa y una vasta comunidad asiática que sirvió de cobertura para edificar el sistema de fraude. Según los análisis financieros de las autoridades, el "banco fantasma" utilizaba un mecanismo virtual de compensación informal denominado tradicionalmente en la cultura islámica como hawala y conocido en las comunidades delictivas chinas bajo el apelativo de chop-shop o "moneda volante".
Este método permitía a los clanes del narcotráfico pagar cargamentos de estupefacientes y cancelar deudas cruzadas entre filiales de Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos sin la necesidad física de transportar maletas con dinero en efectivo o activar las alertas de los sistemas de rastreo gubernamentales.
Para sostener los esquemas de compensación internacional y blindar los fondos de las inspecciones fronterizas, el cabecilla de la red (un ciudadano chino de 50 años con amplio prontuario criminal por tráfico de drogas en el Véneto) actuaba como un bróker que enlazaba los ingresos en negro generados por las factorías chinas de "pronto moda" de Prato con polos comerciales ubicados en la Península Ibérica, específicamente en ciudades españolas como Madrid, Málaga, Valencia y Sevilla.
Los efectivos determinaron que el dinero en efectivo obtenido por los grupos albaneses e italianos mediante la distribución de cocaína era recolectado por una red de correos que viajaba por Europa, ingresando esa liquidez en los comercios textiles para equilibrar virtualmente las cuentas con el exterior sin dejar rastro en los registros contables formales. Además de los cargos por asociación delictiva agravada por el favorecimiento explícito a clanes como los Briganti de Lecce, la 'ndrina Fiarè-Razionale-Gasparro de Vibo Valentia y el clan campano Aquino-Annunziata, la Fiscalía imputó formalmente a la directiva de la banca clandestina el delito de favorecimiento a la inmigración ilegal.
El aparato de inteligencia criminal corroboró una rama dedicada al tráfico de personas que introducía de forma clandestina a ciudadanos de origen chino en el espacio Schengen. La organización exigía a cada migrante el pago de tarifas de hasta 9.500 euros por viajes que iniciaban por vía aérea en Serbia (nación que exime de visado a los ciudadanos chinos), donde los clientes eran alojados en residencias controladas antes de emprender rutas clandestinas de alta peligrosidad, cruzando a pie zonas montañosas de Hungría y Eslovenia con destino final a los talleres de Prato, Turín y Verona.
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera y ANSA)
