El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desmantelado una operación prolífica de contrabando de personas que facilitó la entrada ilegal de miles de cubanos a través de solicitudes fraudulentas de visas y asilo, generando ingresos superiores a los 18 millones de dólares entre enero de 2021 y junio de 2025, según anunció la fiscal general Pamela Bondi en una conferencia en Tampa, Florida.

Doce individuos enfrentan cargos por conspiración internacional vinculada al tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero. La red promocionaba sus servicios en plataformas de redes sociales y grupos de mensajería cifrada, como un chat de WhatsApp titulado “Trámite de ESTA y visa de turismo a EEUU para ciudadanos españoles”, donde ofrecían visas falsas alegando ciudadanía europea para cubanos. Presentaban cientos de solicitudes fraudulentas al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, utilizando direcciones ficticias y documentos falsificados, como se detalla en la acusación formal.

¿Cuáles eran las tácticas empleadas por esta organización? Los acusados cobraban entre 1.500 y 40.000 dólares por cliente, organizando incluso vuelos privados chárter para grupos enteros. Operaban bajo la fachada de una empresa de inmigración llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que prometía trámites legítimos para asilo, permisos de trabajo y residencia. En realidad, generaban solicitudes de asilo estandarizadas sin el conocimiento o consentimiento de los migrantes, bloqueando su acceso a cuentas en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La red también traficaba con menores no acompañados; en un caso documentado, una adolescente fue instruida para fingir ser amiga de toda la vida de un adulto no relacionado al cruzar la frontera.

Los análisis financieros revelan que la organización gastó más de 2,5 millones de dólares solo en boletos aéreos y canalizó más de 7 millones a través de aplicaciones como Zelle. Un video promocional circulaba mostrando pilas de pasaportes, boletos y aprobaciones de visas, atrayendo a víctimas vulnerables que huían de la crisis en Cuba. “Esta acusación expone a una organización criminal que introdujo ilegalmente personas a Estados Unidos a gran escala y luego obtuvo fraudulentamente beneficios migratorios para ellas”, declaró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti.

El director de USCIS, Joseph Edlow, enfatizó: “Esta organización criminal operaba una fachada para solicitudes de asilo falsas, generando aplicaciones frívolas en todo el país. A los delincuentes que buscan explotar nuestro sistema migratorio: los encontraremos, desmantelaremos sus planes y enfrentarán la justicia”. Esta investigación se coordinó bajo la Joint Task Force Alpha (JTFA), una iniciativa del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional que ha llevado a más de 410 arrestos y 305 condenas relacionadas con contrabando humano desde su expansión.

¿Quiénes son los acusados en esta trama? La lista incluye a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez (27 años, Hialeah, FL), Yuniel Lima Santos (30 años, Tampa, FL), Liannys Yaiselys Vega-Pérez (26 años, Lebanon, TN), Marianny Lucía López-Torres (25 años, Cuba, ex Hialeah, FL), Frandy Aragón-Díaz (33 años, Cuba, ex Tampa, FL), Erik Ventura-Castro (23 años, Hialeah, FL), Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos (30 años, Tampa, FL), Walbis Pozo-Dutel (30 años, Katy, TX), Emanuel Martínez González (28 años, Hialeah, FL), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (31 años, Tampa, FL), Layra Libertad Treto Santos (31 años, Tampa, FL) y Gisleivy Peralta Consuegra (40 años, Tampa, FL). La mayoría enfrenta cargos por conspiración para contrabando con fines de lucro, fraude de asilo y lavado de dinero.

El caso ilustra los desafíos persistentes en el sistema migratorio entre Cuba y Estados Unidos, donde la inestabilidad económica y política en la isla impulsa a miles a buscar refugio, pero también atrae a redes criminales que explotan esta vulnerabilidad para lucrarse. Las autoridades enfatizan que tales esquemas erosionan la integridad del proceso migratorio y ponen en riesgo a personas vulnerables, incluyendo niños.

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