En un operativo conjunto desplegado durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre, agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional detuvieron a 12 personas vinculadas a la institución armada. Los aprehendidos integraban una red de corrupción que operaba en los patios de retención vehicular administrados por la entidad de seguridad en la ciudad de Guayaquil.
Para desarticular esta organización, las autoridades ejecutaron un total de 16 allanamientos en diversos puntos estratégicos de la urbe porteña. Las intervenciones tácticas se focalizaron en domicilios ubicados en la ciudadela de la FAE, Pradera, Los Vergeles, Alborada y en los bloques multifamiliares asignados a miembros de la fuerza pública. Durante estas diligencias, los agentes lograron incautar teléfonos celulares, documentación clave y otros elementos probatorios.
De acuerdo con los reportes emitidos por la Fiscalía, las pesquisas confirmaron la manipulación de evidencias que se encontraban bajo estricta custodia policial. El entramado facilitaba la sustracción y posterior comercialización ilegal de vehículos completos y autopartes que reposaban en los recintos oficiales de retención.
El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció a través de sus redes sociales para detallar la composición del grupo capturado. El alto funcionario confirmó que, del total de aprehendidos, diez son servidores policiales en servicio activo y dos se encuentran en servicio pasivo. Por su parte, la Fiscalía aclaró que también existen ciudadanos civiles dentro de la nómina de involucrados.
Reimberg fue enfático al condenar el accionar de los uniformados, difundiendo imágenes de los detenidos y advirtiendo que quienes traicionan su juramento no merecen portar el uniforme:
"La depuración policial es un compromiso firme. No vamos a tolerar que unos pocos manchen el honor de miles de policías que sí cumplen con su deber", sentenció el titular de la cartera de Interior.
Actualmente, los 12 detenidos se encuentran bajo custodia a la espera de la respectiva audiencia de formulación de cargos, donde el juzgado competente resolverá su situación legal. Todos los implicados en este entramado deberán enfrentar un proceso penal por el delito de asociación ilícita, a medida que se procesan los indicios recabados en las intervenciones.
(Con información del Diario Ecuador y El Universo)
