La Policía Nacional de Ecuador asestó un golpe contundente contra las mafias de la corrupción pública al ejecutar el operativo "Digitador" en la provincia de Manabí, logrando la captura de la alcaldesa del cantón Jipijapa, Ángela Plúa. La mandataria local es señalada por la Fiscalía y el Ministerio del Interior como la presunta cabecilla de una compleja estructura de delincuencia organizada dedicada a la emisión irregular de documentos de tránsito.
Las intervenciones simultáneas, lideradas por la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, incluyeron 18 allanamientos en dependencias municipales y domicilios particulares, desmantelando un esquema delictivo que ocasionó un perjuicio económico superior a los cinco millones de dólares a las arcas estatales.
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció los resultados de la exitosa operación a través de sus canales oficiales, detallando que la red criminal utilizaba de forma recurrente la frase "no hay sistema" para justificar retrasos y extorsionar a los usuarios. La organización estaba integrada por funcionarios públicos y tramitadores externos que cobraban coimas de entre 100 y 150 dólares por cada gestión fraudulenta, eludiendo los controles técnicos y legales vigentes.
Además de la alcaldesa Plúa, el despliegue policial dejó un saldo de otros 12 funcionarios corruptos tras las rejas, evidenciando la profunda penetración de la ilegalidad en los gobiernos autónomos descentralizados. Entre los procesados figuran el gerente de la Corporación de Servicios Municipales de Jipijapa, el jefe de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular, digitadores, el director de Movilidad y diversos técnicos informáticos.
La red criminal operaba de manera coordinada en las dependencias de tránsito de los cantones de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente, lugares que fueron intervenidos militarmente para asegurar los servidores informáticos y el archivo documental.
La situación judicial de la alcaldesa Ángela Plúa se agrava sustancialmente debido a que la inteligencia financiera de la Policía detectó movimientos bancarios injustificados que no guardan ninguna relación con sus ingresos lícitos declarados. De acuerdo con el ministro Reimberg, las auditorías preliminares revelaron un patrimonio oculto de más de 2,6 millones de dólares, una fortuna presuntamente malversada que ahora forma parte del expediente por lavado de activos.
Durante los minuciosos registros en los trece inmuebles residenciales y las cinco instituciones estatales asaltadas, los peritos judiciales incautaron una ingente cantidad de evidencia digital y dinero en efectivo. Computadoras de alta gama, tabletas electrónicas, dispositivos de almacenamiento masivo y terminales telefónicas fueron puestos bajo cadena de custodia para determinar las conexiones con mafias del transporte a escala nacional.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado avanza en la audiencia de formulación de cargos, donde solicitará la prisión preventiva de los implicados y el congelamiento inmediato de todos sus activos financieros. El arresto de Plúa ha generado un fuerte impacto político en la nación andina, donde la opinión pública exige la aplicación de políticas penales de máxima firmeza contra los servidores que traicionan la confianza ciudadana.
(Con información de Infobae)
