Consternación embarga al departamento de Cundinamarca tras confirmarse la muerte del pequeño Noha Iván Rojas Colorado, un bebé de apenas 20 meses de edad que ingresó a los servicios de salud con huellas de violencia. Los hechos comenzaron a develarse el pasado jueves 6 de agosto, cuando la madre y la abuela del menor lo trasladaron de urgencia al centro médico del municipio de Anolaima. Sin embargo, dada la extrema gravedad del cuadro clínico que presentaba el infante, fue remitido de inmediato al Hospital San Rafael de Facatativá.
En el centro hospitalario de Facatativá, un equipo médico examinó al niño y constató la existencia de un trauma craneoencefálico severo, así como múltiples lesiones en todo su cuerpo. Los especialistas advirtieron de inmediato a los organismos de control sobre la alta probabilidad de que se tratara de un caso de violencia física y presunto abuso sexual. Pese a que el infante fue remitido posteriormente al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) en Bogotá para recibir atención especializada, se reportó su deceso durante la madrugada del sábado.
Captura del principal sospechoso e imputación por homicidio agravado
Ante los hallazgos médicos, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un operativo de verificación e investigación judicial en la zona. La labor coordinada entre los entes de control permitió la captura en las últimas horas de Juan Moreno Pinzón, padrastro del bebé de 20 meses y señalado por las autoridades como el presunto responsable de ocasionarle las heridas fatales.
El capturado fue puesto de inmediato a disposición del ente acusador para legalizar su detención y avanzar en las audiencias concentradas. La Fiscalía lo vinculará al proceso penal bajo los cargos de homicidio agravado, sin descartar que se agreguen otros tipos penales a medida que los peritos de Medicina Legal entreguen los dictámenes definitivos sobre el abuso y la violencia ejercida en contra del infante.
Indignación social y llamados a reforzar la protección de la niñez en las instituciones
El aberrante crimen ha desatado una ola de indignación y rechazo colectivo tanto en el municipio de Anolaima como en distintas plataformas digitales, donde la ciudadanía ha exigido de forma unánime que se aplique todo el peso de la ley sobre el procesado. Diversos colectivos y líderes locales han instado a las autoridades departamentales a revisar las rutas de atención preventiva y los protocolos institucionales con el fin de detectar oportunamente entornos de riesgo para los menores.
El gobernador Jorge Rey hizo un llamado a la sociedad civil para asumir un compromiso conjunto en la vigilancia y custodia de la infancia en todos los espacios comunitarios. El mandatario remarcó que la protección de niños, niñas y adolescentes requiere una articulación estricta entre el entorno familiar, los colegios y las dependencias del Estado para evitar que actos de extrema barbarie vuelvan a repetirse.
(Con información de Revista Semana y El Espectador)
