Los gobiernos de Copenhague, Roma y Varsovia unieron fuerzas durante la cumbre del Consejo Europeo celebrada este viernes en Bruselas para exigir una revisión estructural de la política migratoria comunitaria, enfocada en neutralizar el denominado "efecto llamada" y coordinar de manera vinculante las decisiones de cada país miembro.
La enmienda presentada de manera conjunta por los tres países insta al Ejecutivo comunitario a evaluar instrumentos legales que obliguen a los Estados a evaluar las repercusiones transfronterizas de sus medidas internas antes de ejecutarlas. Fuentes diplomáticas confirmaron que la iniciativa responde a la preocupación generada entre varias capitales europeas ante las políticas unilaterales de Regularización Extraordinaria aprobadas en Madrid.
"La migración irregular supone un desafío para los ciudadanos europeos. Es necesario acelerar los trabajos para reducir los factores que contribuyen al efecto llamada y articular mecanismos de cooperación efectiva entre los Estados miembros ante decisiones nacionales que impactan a la Unión en su conjunto", señala el borrador del documento impulsado por las tres naciones.
Cumbre paralela de países alineados contra las llegadas masivas
En los márgenes de la cita oficial en Bruselas, una alianza ampliada de 18 delegaciones (encabezada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, la danesa Mette Frederiksen y el neerlandés Rob Jetten) celebró una reunión informal para coordinar estrategias operativas. Durante la sesión, las delegaciones participantes cuestionaron el enfoque del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigiendo mayor celo en la protección de los límites territoriales de la Unión.
"En relación con los recientes sucesos de Ceuta, subrayé la necesidad de mantener una alta vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión Europea, centrándome en la prevención de la inmigración irregular y los riesgos de seguridad asociados. También planteé la cuestión de una revisión específica de la legislación europea para hacer más eficaces los nuevos procedimientos de detención de migrantes irregulares durante los controles fronterizos", dijo Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.
El texto negociado a Veintisiete ratifica que la inmigración representa un "reto europeo que requiere una respuesta europea", abogando por la aplicación integral de herramientas diplomáticas, comerciales y de visados contra la trata de personas. No obstante, el bloque de países promotores presiona para que la resolución definitiva asuma la contención fronteriza y el freno a las concesiones masivas de estatus legal como prioridades operativas indiscutibles del bloque.
(Con información de EFE y El Periódico)
