Una distribuidora de combustible, bajo escrutinio por sus presuntos vínculos con una poderosa facción criminal, mantiene contratos millonarios con el gobierno federal brasileño, según reporta O Globo.

La Rede Sol Fuel Distribuidora, propiedad del empresario Valdemar de Bortoli Júnior –objetivo de la operación Carbono Oculto lanzada por la Policía Federal y el Ministerio Público de São Paulo–, acumula acuerdos por 424 millones de reales con entidades como la Presidencia de la República, ministerios de Hacienda, Defensa y Salud, y la Policía Militar de Río de Janeiro.

¿Cuál es el alcance de estos contratos? La empresa abastece vehículos y aeronaves estatales en al menos 26 acuerdos activos con ayuntamientos, empresas públicas y fuerzas de seguridad, con vigencias de uno a cinco años, en un sector clave para la economía pero susceptible al lavado de dinero.

El Primeiro Comando da Capital (PCC), originario de prisiones paulistas y expandido nacionalmente, ha sido ligado a esquemas de blanqueo a través de distribuidoras de combustible, con movimientos billonarios entre 2020 y 2024. Esta operación desmanteló una red que ocultaba recursos ilícitos, destacando cómo el crimen organizado infiltra contratos gubernamentales.

Las autoridades profundizan en las conexiones, mientras el caso expone la necesidad de mayor transparencia en licitaciones para evitar que fondos públicos beneficien a estructuras criminales.

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