El Gobierno Nacional de Ecuador dispuso este martes un nuevo estado de excepción por "grave conmoción interna". La medida de emergencia civil, oficializada mediante decreto ejecutivo, tendrá vigencia en 10 provincias y tres cantones específicos del país, como una respuesta de choque frente a un deterioro sostenido del orden público, marcado por el incremento de homicidios intencionales, sicariatos múltiples en vías públicas y la violenta expansión de estructuras asociadas al narcotráfico transnacional.
La declaratoria gubernamental abarca de forma estratégica a los territorios con mayores índices de criminalidad en la Costa y el interior del país, incluyendo las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. De igual manera, las restricciones especiales se extendieron hacia las jurisdicciones municipales de La Maná (en la provincia de Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
El decreto presidencial se sustenta en recientes informes de la inteligencia militar y reportes de seguridad que detallan una ofensiva de bandas delictivas y redes transnacionales vinculadas a economías ilícitas como el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y el lavado de activos. Las autoridades justificaron la adopción de este marco jurídico extraordinario debido a la naturaleza de los crímenes perpetrados en semanas recientes, factores que han desbordado la capacidad de contención ordinaria de los cuerpos policiales.
La aplicación de esta figura constitucional contempla una duración temporal definida de hasta 60 días, con la posibilidad legal de establecer una prórroga sujeta a la evolución del panorama de orden público. Entre los alcances principales de la normativa se incluye la limitación de ciertos derechos ciudadanos, la activación inmediata de toques de queda nocturnos en sectores de alta peligrosidad, y la habilitación legal para que las Fuerzas Armadas realicen operativos de control de armas y patrullajes combinados junto a la Policía Nacional.
Con la entrada en vigencia de este decreto, las gobernaciones provinciales y los mandos militares de la frontera norte y los puertos de la Costa comenzaron la planificación de los retenes y las incursiones nocturnas en los barrios catalogados como zonas rojas. Noboa apuesta a que el despliegue a gran escala del Ejército en las 10 provincias prioritarias permita recuperar el control de los espacios públicos y debilitar las finanzas de las agrupaciones terroristas que disputan el control de los territorios.
(Con información de El Comercio y EFE)
