La Armada y la Policía de Ecuador, en colaboración con la Guardia Costera de Estados Unidos, decomisaron 10,3 toneladas de droga —en su mayoría cocaína— y arrestaron a 18 ecuatorianos durante siete operaciones en altamar realizadas entre el 2 y el 22 de agosto. Según EFE, la carga, valorada en más de 60 millones de dólares en el mercado internacional, fue entregada este domingo en el puerto de Manta, provincia de Manabí, a bordo del USCGC Seneca, junto con equipos como GPS y teléfonos satelitales confiscados. Las autoridades destruyeron seis embarcaciones usadas para el traslado, destacando el golpe a redes criminales que operan en el Pacífico.

¿Cuál es el contexto de estas operaciones? Ecuador se ha convertido en un punto clave para el tráfico de cocaína debido a su ubicación entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales, y puertos como Guayaquil que facilitan envíos a Europa y Norteamérica. En el primer semestre de 2025, las fuerzas ecuatorianas ya habían incautado alrededor de 105 toneladas, sumando a un récord histórico de casi 300 toneladas en 2024. Esta última captura eleva el total anual, posicionando a Ecuador como el tercer país que más droga decomisa globalmente, tras Colombia y Estados Unidos, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, enfatizó el valor estratégico de estas acciones conjuntas con EE.UU., que han intensificado desde julio, cuando se incautaron 14 toneladas en operaciones similares. Según un artículo de El Universo, el apoyo estadounidense incluye inteligencia y patrullajes en aguas internacionales, cruciales para interceptar semisumergibles y lanchas rápidas usadas por carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que han expandido su influencia en Ecuador mediante alianzas con bandas locales como Los Choneros y Los Lobos.

¿Cómo impacta esto en la seguridad regional? El narcotráfico ha exacerbado la violencia en Ecuador, con tasas de homicidios que superaron los 40 por 100.000 habitantes en 2024, impulsadas por disputas territoriales entre facciones criminales. El gobierno de Daniel Noboa ha declarado estado de emergencia interno y armado contra estas organizaciones, designadas como terroristas, logrando reducir la violencia en un 20% en lo que va de 2025 mediante operativos conjuntos. Sin embargo, rutas desde Venezuela —donde el régimen chavista ha sido acusado por Washington de facilitar el Cártel de los Soles— y Colombia, bajo el mandato de Gustavo Petro que ha criticado enfoques represivos, complican el control fronterizo.

Estas incautaciones representan un avance en la lucha contra el flujo de drogas que alimenta adicciones globales y financia crimen organizado. Según un reporte de BBC Mundo, el decomiso no solo evita la distribución de millones de dosis, sino que debilita económicamente a los carteles, estimados en pérdidas de cientos de millones anuales por acciones similares.