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EE. UU. aprueba nuevas sanciones contra Cuba para sofocar el financiamiento del régimen

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó nuevas regulaciones que amplían la presión económica sobre el aparato militar, de inteligencia y las redes financieras del gobierno cubano

EE. UU. aprueba nuevas sanciones contra Cuba para sofocar el financiamiento del régimen
Photo by Stéphan Valentin / Unsplash

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), oficializó esta semana un conjunto de nuevas Regulaciones de Sanciones a Cuba. La normativa da cumplimiento a la Orden Ejecutiva 14404 dictada por la administración del presidente Donald Trump, la cual invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para intensificar significativamente la presión financiera sobre la isla.

El paquete de medidas apunta de manera directa al aparato militar y de inteligencia del régimen comunista, así como a sus redes subversivas y facilitadores financieros. Según la Casa Blanca, el objetivo central es asfixiar los mecanismos de financiamiento que utiliza el Estado cubano para sostener la represión interna y realizar actividades que Washington considera amenazas directas para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.

Como parte del despliegue regulatorio, el Tesoro enmendó el histórico Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR). Esta actualización técnica busca clausurar los vacíos legales que el gobierno de La Habana ha aprovechado durante años para evadir el embargo, enriquecer a figuras clave del poder y financiar operaciones militares o de desestabilización en la región.

Desde la administración gubernamental se ratificó el compromiso de utilizar todas las herramientas punitivas disponibles para promover reformas estructurales en Cuba. La estrategia estadounidense plantea cortar el flujo de capitales hacia los grupos de poder para limitar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad del Estado y respaldar las demandas de democratización de la sociedad civil.

Con estas disposiciones, la administración estadounidense endurece la línea de supervisión sobre las transacciones vinculadas a la isla, responsabilizando directamente a los individuos y entidades que sostienen la estructura gubernamental. Las restricciones implican un bloqueo reinforced a los activos e intereses que los actores señalados puedan mantener bajo jurisdicción de los Estados Unidos.


(Con información del Departamento de Estado de los Estados Unidos)

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