El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que El Salvador, Guatemala y Honduras cumplen con los diez requisitos establecidos en la sección 7045 de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y programas relacionados de 2026. La certificación, firmada por el subsecretario de Estado Christopher Landau el pasado 1.º de julio y publicada en el Registro Federal el 6 de agosto, constituye el aval legal para comprometer el 50% de los fondos de ayuda económica y de seguridad asignados a los gobiernos centrales de estos tres países.
De acuerdo con el documento emitido por las autoridades estadounidenses, la validación se sustenta en los avances demostrados por las tres naciones en el combate institucional a la corrupción e impunidad. Esto abarca la investigación y juzgamiento de funcionarios gubernamentales, personal militar y agentes policiales sobre los que pesen acusaciones creíbles de irregularidades, así como el fortalecimiento de las estrategias para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros globales.
Las diez condiciones evaluadas por el Departamento de Estado
Para la liberación de las partidas presupuestarias, el Gobierno de Estados Unidos certificó el cumplimiento de diez ejes prioritarios en la gestión pública de la región:
- Lucha contra la corrupción e impunidad: Investigaciones efectivas a servidores públicos y endurecimiento de normativas antilavado.
- Fortalecimiento del Estado de derecho: Incremento de la transparencia institucional e independencia de los órganos judiciales y electorales, así como fiscalización del financiamiento de campañas.
- Protección de garantías ciudadanas: Salvaguarda de los derechos de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, partidos de oposición y medios de comunicación.
- Seguridad y rendición de cuentas: Restricción del rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y respeto al debido proceso legal.
- Erradicación de la violencia contra la mujer: Desarrollo e implementación de programas focalizados en la protección de mujeres y niñas.
- Desarrollo social y reducción de la pobreza: Promoción del crecimiento económico, fortalecimiento de la educación y programas de formación profesional para jóvenes en riesgo.
- Combate al crimen transnacional: Cooperación estrecha con EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito.
- Gestión migratoria y repatriación: Colaboración interinstitucional para facilitar el retorno, repatriación y reintegración de migrantes.
- Control fronterizo y mitigación de la migración masiva: Campañas informativas sobre los riesgos de la ruta hacia la frontera suroeste estadounidense y generación de oportunidades locales para frenar el éxodo.
- Clima de inversión y garantías comerciales: Implementación de reformas tributarias transparentes, mecanismos para el reembolso de impuestos a empresas estadounidenses y resolución de disputas sobre propiedades confiscadas a entidades del país norteamericano.
Impacto en la gestión local y gobernanza
En el ámbito particular de El Salvador, el informe resalta acciones orientadas a la reducción de la violencia de género, marco en el cual las autoridades locales han promovido herramientas penales severas (como la cadena perpetua para violadores y asesinos) cuyas causas ya se tramitan en sedes judiciales. Asimismo, la certificación reconoce el esfuerzo tripartito por consolidar condiciones de certidumbre jurídica que faciliten la operación de empresas extranjeras y aseguren la resolución de litigios comerciales.
Tras la firma y publicación de la certificación, el Departamento de Estado enviará un Memorando de Justificación detallado a los Comités de Asignaciones del Congreso de los Estados Unidos para formalizar el desembolso de los recursos aprobados para el presente ejercicio fiscal.
(Con información de Diario El Salvador y El Mundo)
