El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el inicio de procesos judiciales de desnaturalización contra 40 personas en múltiples tribunales de distrito del país. Las acciones legales, radicadas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre, están dirigidas a ciudadanos naturalizados acusados de encubrir antecedentes penales graves o de incurrir en fraude sistemático durante sus trámites de regularización e historial de naturalización.
Las acusaciones abarcadas en las demandas incluyen delitos de alta gravedad como actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero, homicidio voluntario, pornografía infantil, abuso sexual contra menores y adultos con necesidades especiales, así como esquemas complejos de fraude financiero, lavado de dinero y falsificación de identidades. Según el marco legal de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la ciudadanía estadounidense puede ser revocada si se demuestra que fue obtenida de manera ilegal o mediante la ocultación deliberada de hechos materiales.
Las autoridades del Departamento de Justicia enfatizaron que los acusados mintieron bajo juramento para evadir los controles de antecedentes y la evaluación de buena conducta moral exigidos por las leyes migratorias. El Fiscal General Todd Blanche destacó que esta medida busca proteger la seguridad nacional y la integridad del sistema legal, catalogándola como la acción conjunta de desnaturalización de mayor envergadura en la historia reciente del Departamento de Justicia.
Entre las causas expuestas figuran casos de personas procedentes de diversos países (como México, Colombia, Venezuela, Pakistán, Reino Unido, Cuba, India, Nigeria, Egipto y Afganistán) que habrían recurrido al uso de identidades dobles, matrimonios fraudulentos o la falsificación de certificados oficiales para evadir órdenes previas de deportación u obtener la residencia permanente. Asimismo, se señalaron casos donde los implicados omitieron condenas y actos delictivos cometidos de forma previa o simultánea al proceso de solicitud de la ciudadanía.
Por su parte, el fiscal general adjunto de la División Civil, Brett A. Shumate, aseveró que las investigaciones continuarán para identificar y sancionar cualquier engaño detectado en los trámites de naturalización. Con estas demandas, el gobierno federal busca cancelar los certificados de ciudadanía emitidos y reabrir los procesos legales correspondientes contra los implicados ante los tribunales federales.
La resolución de estas 40 demandas quedará en manos de los jueces de los respectivos distritos federales donde fueron radicadas las querellas, quienes determinarán la anulación de la estatus de naturalizados y el alcance de las medidas legales subsiguientes para cada uno de los señalados.
(Con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos)
