El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red ilegal dedicada al tráfico de armas de fuego y municiones desde el estado de Arizona hacia territorio mexicano. Tras una investigación de dos años, un gran jurado federal en Phoenix emitió una acusación de 158 cargos contra 21 individuos, lográndose la captura de la totalidad de los implicados.
La organización, liderada por Fernando Daniel Castro en la ciudad de Phoenix, reclutaba a compradores testaferros para adquirir armamento de manera legal en múltiples armerías autorizadas (FFLs), intentando fragmentar las transacciones entre los condados de Maricopa y Pinal para evadir los controles federales. Entre el material bélico adquirido y posteriormente comercializado de forma clandestina figuraban pistolas Glock 19, fusiles de asalto tipo AK-47, M249 y rifles de alta potencia Barrett calibre .50.
🇺🇸🇲🇽‼️ | La oficina del fiscal de EE.UU. reveló que entre marzo y junio de este año fue desmantelada una red criminal que traficaba armas de alto calibre hacia México. De acuerdo con el medio Latinus, se presentaron cargos contra 22 personas, cuatro de ellas de nacionalidad… pic.twitter.com/XMYcp3Dmpy
— UHN Plus (@UHN_Plus) August 5, 2026
El operativo fue ejecutado bajo el amparo de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza interinstitucional impulsada por la administración del presidente Donald Trump mediante la Orden Ejecutiva 14159 para combatir la invasión delictiva, erradicar los cárteles extranjeros y proteger la soberanía territorial. Durante las diligencias de campo e intercepciones estratégicas en carreteras y pasos fronterizos, los agentes federales lograron decomisar más de 100 armas y 125.000 proyectiles destinados a nutrir la violencia en el país vecino.
La acusación principal se derivó de la consolidación de cuatro causas penales previas tramitadas en los tribunales de Arizona. Entre los antecedentes figuran las declaraciones de culpabilidad de traficantes capturados en el paso fronterizo con arsenales ocultos en sus vehículos, como el caso de Emmanual Rabena-Velderrain (sorprendido con 42 rifles AK-47), así como intervenciones en residencias de Phoenix donde se custodiaban miles de municiones y armamento pesado en manos de felones convictos.
Ante las interrogantes de los medios de comunicación sobre la posibilidad de que parte del armamento hubiera ingresado a México durante el seguimiento policial, los mandos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) rechazaron cualquier similitud con el fallido operativo "Rápido y Furioso" ejecutado años atrás. Las autoridades enfatizaron que todas las armas bajo vigilancia fueron interceptadas oportunamente antes de cruzar la frontera o durante sus traslados logísticos.
Los 21 procesados enfrentan penas bajo la legislación federal que alcanzan hasta 15 años de prisión por conspiración para el tráfico de armas y posesión prohibida, sumados a las condenas de 10 años por contrabando de mercancías fuera de los Estados Unidos. Con este golpe la administración estadounidense reafirma la firmeza de su política de tolerancia cero frente al tráfico ilícito de armas que alimenta las redes delictivas e inestabilidad en la región.
(Con información del Departamento de Justicia del Distrito de Arizona y Fox 10)
