La administración de Donald Trump implementará una fianza obligatoria de 15.000 dólares para los solicitantes de visas de negocios y turismo provenientes de doce nuevos países, incluyendo a Nicaragua. Esta medida busca garantizar que los visitantes regresen a sus naciones de origen antes del vencimiento de su permiso legal, cubriendo los costos de deportación en caso de incumplimiento. Con esta inclusión, ya son 50 las naciones sujetas a este requisito económico, entre las que también figura Venezuela.
El dinero de la fianza será devuelto íntegramente a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su estadía y abandonen el territorio estadounidense a tiempo. Sin embargo, si el extranjero permanece más allá del plazo permitido, los fondos se utilizarán para financiar su expulsión del país. El gobierno estima que expulsar a un migrante cuesta, en promedio, más de 18.000 dólares, lo que genera un gasto significativo al erario público.
Además de Nicaragua, la lista de nuevos afectados incluye a Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. El Departamento de Estado justifica la medida asegurando que permitirá ahorrar a los contribuyentes hasta 800 millones de dólares anuales. Según datos oficiales, el sistema ha mostrado una efectividad del 97% de retornos dentro del plazo establecido en pruebas previas.
Esta política se inscribe en una serie de medidas aplicadas por la Administración Trump para reducir la llegada de migrantes, que incluye vetos de visas y restricciones al asilo. El Gobierno sostiene que el sistema de fianzas es una herramienta eficaz para desincentivar la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros. La medida entrará en vigor de forma oficial el próximo mes, afectando a miles de solicitantes de diversas regiones.
El listado completo de países bajo esta restricción abarca naciones de África, Asia, Oceanía y el Caribe, sumando un total de 50 territorios tras la reciente actualización. Entre los países latinoamericanos que ya figuraban en la lista se encuentran Cuba y Venezuela, reflejando el enfoque preventivo sobre zonas con altos índices de migración. El proceso administrativo para el depósito y la devolución de los fondos será gestionado directamente por las autoridades consulares.
